ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ – Santa Cruz de Tenerife

La alcaldesa de La Laguna ordenó la paralización de las obras para acondicionar otro viejo cuartel militar

Está previsto que hoy se restablezcan los vuelos que trasladarán subsaharianos a ciudades de la Península
Canarias no está dispuesta a crear más plazas para los inmigrantes clandestinos que continúan llegando a sus costas. El malestar ciudadano por lo que consideran un insoportable aluvión de sin papeles se ha visto reflejado en la oposición frontal del Gobierno canario y de los ayuntamientos afectados a la construcción de nuevos centros de internamiento para extranjeros o los proyectos de ampliación de los emplazamientos ya existentes. Este rechazo da indicios claros del descontento de las diferentes instituciones de las islas hacia la actuación de Madrid y Bruselas. Se trata de un rechazo que no entiende de banderas políticas: con las elecciones municipales y autonómicas a la vista, los gobernantes no pueden permitirse el lujo de irritar o dar la espalda a sus votantes, abiertamente preocupados por la evolución de la crisis de los cayucos.

El último no rotundo lo acaba de dar el ayuntamiento de La Laguna, gobernado por Coalición Canaria, al oponerse al acondicionamiento de un antiguo acuartelamiento de artillería, el de Las Canteras, para poder aliviar la sobreocupación de otros alojamientos de la isla.

La alcaldesa del municipio del norte de Tenerife, Ana Oramas, ordenó la paralización de las obras de rehabilitación y el precintado de esta instalación militar abandonada hace una década, alegando que ninguna institución ha solicitado permiso alguno para ejecutarlas. El mensaje, trasmitido a través de una declaración institucional, fue claro: “La Laguna ya está dando muestras palpables de solidaridad. No se nos puede pedir más esfuerzos”. A renglón seguido recuerdan que el municipio alberga Las Raíces, “el centro de retención más grande de España”, con más de 3.000 inmigrantes instalados en centenares de tiendas de campaña. Los pueblos vecinos como el de El Rosario también se han quejado de la falta de seguridad que implica tener cerca unas instalaciones de este tipo, custodiados por apenas un puñado de agentes. A pesar de las reclamaciones, no ha trascendido que se haya producido incidente alguno protagonizado por los inmigrantes en el macrocentro de retención.

“No podemos acoger a más inmigrantes; tienen que llevárselos a la Península porque este problema no es sólo nuestro sino de toda España y de Europa”, asegura Sandra Marrero, profesora de secundaria y vecina del norte de Tenerife. Muchos ciudadanos coinciden con el gobierno autonómico en recordar el carácter provisional de las instalaciones de acogida. Así que ven la apertura de nuevas plazas “como un paso más hacia la consolidación de lo que está pasando, sin buscar una solución real”, tal y como señala José Hernández, ejecutivo de una empresa de publicidad. Paradójicamente la reclusión de los inmigrantes interceptados en las proximidades de las costas canarias ha evitado que la temida imagen de extranjeros sin documentación deambulando por las calles de las islas. A pesar de lo cual, el malestar entre la población no muestra indicios de remitir.

El ejecutivo autonómico se expresa en términos muy similares. El consejero canario de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, advirtió el viernes que impedirán la apertura de nuevas instalaciones ni la ampliación de otras como la de Los Rodeos, cerca del aeropuerto tinerfeño. Todo ello convierte la acogida de sin papeles – a la espera de la expulsión a su país de origen o del envío a la Península, donde son dejados en libertad si no se les repatría en cuarenta días- en un elemento más de confrontación por la política de inmigración del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ruano defendió la necesidad de que, una vez se han realizado las diligencias policiales y judiciales oportunas, los retenidos deberían ser trasladados sin más demora a otras comunidades autónomas peninsulares.

Mientras, la saturación de los emplazamientos de acogida resulta innegable. Según los últimos datos oficiales, en las islas hay unos ocho mil indocumentados, repartidos en emplazamientos con una capacidad para seis mil personas. Los propios funcionarios encargados de la custodia de los inmigrantes han denunciado en reiteradas ocasiones que las condiciones de vida de una parte de los retenidos son infrahumanas, cuando tienen que dormir al raso o centenares de ellos tienen que compartir un solo lavabo, deteriorirando a higiene general del colectivo.

Está previsto que hoy se restablezcan los vuelos para el traslado de subsaharianos a la Península, que tanto reclaman las autoridades autonómicas e insulares, paralizados durante unos días para que una delegación de Senegal procediera a la identificación de compatriotas en los distintos centros de internamiento de Canarias. Aunque no se ha facilitado una cifra concreta, fuentes oficiales hablan de que este proceso supondrá la expulsión a su país de “centenares” de jóvenes senegaleses. Desde la Delegación del Gobierno reconocen también que una representación de Guinea Bissau ha llegado a las islas con la finalidad de realizar una tarea de constatación de nacionalidad similar, aunque no han aclarado cuántos ciudadanos de ese país podrían encontrarse entre esos ocho mil subsaharianos que esperan que se abra la puerta para entrar en Europa.