EN plena crisis de la política del Gobierno en materia de inmigración, el ministro de Trabajo sigue infatigable en su empeño de aportar un punto de vista original. El presidente lleva algún tiempo haciendo declaraciones que pretenden aparentar firmeza. En este contexto, no es casualidad que la polémica reestructuración del Ministerio del Interior permita recuperar un enfoque de seguridad y orden público para la inmigración, concebido hasta ahora como una mera gestión de ayudas asistenciales. De hecho, el Gobierno reconoce el fracaso en su planteamiento político del problema. Lo peor es que se han perdido dos años y medio de legislatura y tal vez ya sea tarde para encontrar una vía adecuada. El eco de los lamentos gubernamentales llega por fin a la Comisión Europea, hasta el punto de que Barroso pide «ayuda urgente» para España. Las autoridades de Senegal proclaman sin rodeos que la legislación española alienta la inmigración ilegal, al tiempo que en ese país (como reflejan todos los días las crónicas de ABC), las mafias campan por sus respetos y organizan a su gusto el tráfico humano. Nicolas Sarkozy declara sin tapujos que no habrá regularizaciones automáticas. En Canarias, los responsables autonómicos y el propio delegado del Gobierno reconocen que los centros de acogida están desbordados y que faltan medios para hacer frente a la avalancha. Así, entre los datos más recientes figura la confirmación de que un solo policía tuvo que custodiar a un centenar de «sin papeles» en una comisaría. Los traslados a la Península se han convertido en un mero depósito de personas en condiciones precarias, repartidas sin control por diferentes ciudades. Así están las cosas y así lo reconoce cualquier observador dispuesto a no cerrar los ojos ante la evidencia.

Todos, menos Caldera. Acaso por optimismo incorregible o porque prefiere atender a ámbitos más gratos de su departamento (como la política de igualdad o la futura ley de Dependencia), el ministro de Trabajo asegura que ahora mismo hay «pocos ilegales». Para ello, deja de lado los datos oficiales aportados por el INE y pone toda su confianza en unas cifras que atribuye a un demógrafo vinculado con la Junta de Andalucía. Adorna su discurso con una retórica muy al gusto del irritante buenismo gubernamental: no hay «efecto llamada», sino «efecto huida». Llama «normalización selectiva» al proceso, criticado sin excepción en toda Europa, que supuso la regulación de unas 570.000 personas, dejando en el ambiente la impresión de que lo importante es llegar físicamente al territorio español porque los «papeles» ya se conseguirán tarde o temprano. Algún tiempo después de su famosa frase «somos la envidia de Europa», Caldera continúa viviendo en un mundo de ilusiones. Sería una anécdota divertida, sino fuera porque una falsa percepción de la realidad hace imposible abordar una política eficaz. Pero el ministro insiste en apelar a un Plan de Ciudadanía e Integración que no llega nunca y, por ahora, sólo se le ocurre plantear traslados de menores desde Canarias a la Península, como si estos mecanismos no hubieran demostrado ya su inutilidad desde hace tiempo.

Criticado por sus largas vacaciones veraniegas en plena crisis de los cayucos, Caldera no ha hecho propósito de la enmienda y sigue mirando para otro lado. Su comparecencia ante el Congreso de los Diputados es fiel reflejo de que ha perdido el rumbo en materia de inmigración, como le recordó oportunamente Ana Pastor, portavoz del PP en la Comisión de Trabajo. Reclamar ahora con la boca pequeña un pacto de Estado y culpar a la oposición de que no se llegue a acuerdos es otra forma de echar balores fuera. Tal vez el político salmantino, colaborador desde primera hora de Rodríguez Zapatero en la pasada legislatura, aspiraba a más altos destinos en este Gobierno y se siente profundamente incómodo ante una responsabilidad que no sabe cómo afrontar. La pérdida de competencias en materia de inmigración pone de manifiesto hasta qué punto el Ejecutivo entiende que la gestión de Caldera ha sido peor que insuficiente.