La legislación vigente en España «constituye un estímulo a la emigración». La frase es del ministro del Interior de Senegal, Ousmane Ngom, en una entrevista difundida ayer por la Agencia de Prensa Senegalesa (APS). «La legislación española permite que los inmigrantes clandestinos, tras permanecer 40 días en los centros de acogida, sean repatriados o liberados en territorio español», criticó el ministro, que se reunió en Madrid con su homólogo español Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ngom se mostró en la entrevista partidario de «una acción concertada a nivel regional para luchar contra la emigración ilegal» debido a que, según aseveró, los puntos de partida se han trasladado de Senegal a Guinea Bissau, Mauritania y Cabo Verde. El ministro senegalés vincula los retrasos para iniciar las patrullas conjuntas a una «lentitud y pesadez» en la puesta en marcha de las operaciones. Por su parte, el presidente senegalés, Abdoulaye Wade, culpó ayer al Gobierno español por el retraso de estas operaciones conjuntas. «España no ha cumplido con sus compromisos», aseguró el mandatario senegalés, que subrayó que las autoridades españolas están tardando en abonar el importe de ocho millones de euros prometido.

Rubalcaba y Ngom acordaron en la reunión de ayer reforzar los medios aéreos para controlar la llegada de cayucos procedentes del país africano. Los dos mandatarios no precisaron cuántos aviones y helicópteros se sumarán al dispositivo ya existente, si bien el ministro español prometió al senegalés que el Ejecutivo está dispuesto a ‘regalar’ los aparatos a Dakar.

Rubalcaba y Ngom insistieron en las buenas relaciones entre ambos países e, incluso el ministro español bromeó diciendo «que nos llamamos mañana, tarde y noche» y que «parecemos del mismo Gobierno». No obstante, no pudieron ocultar la falta de acuerdo para que las autoridades del país subsahariano empiecen a aceptar la repatriación de los miles de senegaleses llegados al archipiélago. Ngom dijo que su Gobierno quiere «tolerancia cero» con la inmigración clandestina.

Rubalcaba, según explicó poco antes del encuentro, centró sus esfuerzos en intentar arrancar un triple compromiso de Dakar. El primero es lograr que Senegal controle sus propias fronteras. El segundo es conseguir que el país africano admita el patrullaje conjunto de sus costas y el último que el Gobierno de Dakar admita la readmisión de sus inmigrantes.

Por su parte, la vicepresidenta del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega, reconoció que solventar los problemas con Senegal no «es tarea fácil» y que avanzar «requiere tiempo», si bien afirmó que «las cosas están empezando a funcionar». De la Vega fue muy tajante: los inmigrantes que entran de manera irregular deben saber que «el Gobierno trabaja» para que esas personas «salgan de España antes o después».

Por otra parte, dos años y medio después de la desaparición de la Delegación del Gobierno para la Extranjería, el Ministerio del lnterior recuperó ayer las grandes competencias de la política de inmigración, que habían pasado al Ministerio de Trabajo. La reestructuración incluye la creación de una gran Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. Según explicaron ayer fuentes del Gobierno, el diseño anterior se había quedado «obsoleto».