El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo senegalés, Ousmane Ngom, acordaron ayer reforzar los medios aéreos para controlar la llegada masiva de cayucos a las Islas Canarias procedentes del país africano. Pérez Rubalcaba y Ngom, que se reunieron ayer en Madrid, no precisaron cuántos aviones y helicópteros se sumarán al dispositivo ya existente contra la inmigración ilegal, si bien el ministro español prometió al senegalés que el Ejecutivo está dispuesto a regalar los aparatos a las autoridades de Dakar.

Pérez Rubalcaba y Ngom no pudieron ocultar la falta de acuerdo entre Madrid y Dakar para que las autoridades del país subsahariano empiecen a aceptar la repatriación de los miles de senegaleses llegados al archipiélago. Ousmane Ngom se limitó a hacer una de declaración de intenciones: el Gobierno de Dakar quiere «tolerancia cero» con la inmigración clandestina.

Pérez Rubalcaba centró sus esfuerzos en intentar arrancar un triple compromiso de Dakar. El primero es lograr que Senegal controle sus propias fronteras, para lo que insistió en que España está dispuesta a aportar todo tipo de medios. El segundo es conseguir que el país africano admita el patrullaje conjunto de sus costas y el último, mucho más difícil, que el Gobierno de Dakar admita la readmisión de sus inmigrantes llegados a las Canarias. La vicepresidenta del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega fue muy tajante: los inmigrantes que entran de manera irregular en el país deben saber que «el Gobierno trabaja» para que esas personas «salgan de España antes o después». La reunión entre Ousmane Ngom tuvo lugar horas después de que este último culpara a las leyes españolas de estimular la inmigración ilegal. «La legislación española permite que los inmigrantes clandestinos, tras permanecer 40 días en los centros de acogida, sean repatriados o liberados en territorio español»,aseguró el ministro, quien dijo que «ello constituye un estímulo a la emigración".

Dos años y medio después de la desaparición de la Delegación del Gobierno para la Extranjería, el Ministerio del lnterior recupera las grandes competencias de la política de inmigración, que desde la llegada del Gobierno de Zapatero habían pasado a Trabajo. El departamento de Caldera queda ahora sólo para gestionar la inmigración legal y la integración de los extranjeros con papeles. La reestructuración de Interior aprobada ayer incluye la creación de una gran Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería dependiente del secretario de Estado, Antonio Camacho, y del propio Pérez Rubalcaba. Este nuevo organismo estará dirigido por Arturo Avelló. El reforzamiento de Interior en la política de extranjería también incluye cambios en la Comisaría General de Extranjería, el órgano encargado de la vigilancia de los centros, de coordinar las deportaciones y de combatir a las mafias de inmigración. Cesa su responsable, J. Ignacio Araujo, sustituido por Felipe Hernández.