El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y su homólogo senegalés, Ousmane Ngom, acordaron ayer reforzar los medios aéreos para controlar la llegada masiva a Canarias de cayucos procedentes del país africano. Aunque no especificaron cuántos aviones y helicópteros se sumarán al dispositivo, sí dejaron claro que el Ejecutivo español está «dispuesto a regalarlos» a Dakar. Tras su reunión en Madrid, los ministros insistieron en las buenas relaciones entre ambos países, y Pérez Rubalcaba incluso bromeó diciendo que se llaman «mañana, tarde y noche» y que parecen «del mismo Gobierno». No obstante, no pudieron ocultar la falta de acuerdo para que las autoridades del país subsahariano empiecen a aceptar la repatriación de los miles de senegaleses llegados al archipiélago. Ousmane Ngom se limitó a hacer una declaración de intenciones: quiere «tolerancia cero» con la inmigración ilegal.

Pérez Rubalcaba explicó poco antes del encuentro que iba a centrar sus esfuerzos en arrancar un triple compromiso de las autoridades de Dakar. El primero consistía en lograr que Senegal controle sus propias fronteras, para lo que insistió en que España, como ya ha hecho, está dispuesta a aportar todo tipo de medios humanos y materiales. El segundo objetivo de la reunión era conseguir que el país africano admita el patrullaje conjunto de sus costas, y el último, mucho más difícil, que el Gobierno de Dakar readmita a sus inmigrantes llegados a las Islas Canarias.

Por su parte, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reconoció antes de la entrevista que solventar los problemas con Senegal no era «una tarea fácil» y que avanzar en este asunto «requiere tiempo», si bien afirmó que con este país «las cosas están empezando a funcionar». A pesar de estas dificultades, Fernández de la Vega fue muy tajante, como en otras ocasiones durante la última semana: los inmigrantes que entran de manera irregular en el país deben saber que «el Gobierno trabaja» para que «salgan de España antes o después».

La reunión se celebró horas después de que Ngom culpara a las leyes españolas, en una entrevista con una agencia senegalesa, de «estimular la emigración» ilegal. También el presidente senegalés, Absoulaye Wade, acusó a España de «no hacer nada» de lo prometido para frenar la emigración clandestina desde el país africano.

Cese del comisario

La reunión entre ambos gobiernos coincidió con la remodelación que devuelve al Ministerio de Interior las grandes competencias en materia de inmigración, que desde la llegada al poder del PSOE estaban en manos de Trabajo. La gestión de la crisis de los cayucos ha vuelto a situar en primera línea al departamento de Pérez Rubalcaba, y ahora la nueva Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, liderada por Arturo Avelló, se sitúa en el centro del esquema y tratará de agilizar los expedientes de expulsión. Este cambio va acompañado del cese del comisario general de Extranjería de la Policía, José Ignacio Araujo, sustituido por Felipe Hernández.

El PP criticó la creación de la nueva dirección y la interpretó como «un reconocimiento de la incompetencia» de Jesús Caldera. El lunes, los populares presentarán en el Parlamento su propuesta de reprobación del ministro.