El Parlamento español fue sede ayer de dos debates intensos: el matutino, con el ministro Caldera como protagonista, versó sobre el problema de la inmigración, contemplado desde la vertiente interna – social y humanitaria – , que no es evidentemente ajena al endurecimiento de la política al respecto, que consiste en frenar por todos los medios lícitos la inmigración irregular, para lo que es preciso presionar a los países africanos que son el origen de los insoportables flujos que llegan a Canarias (Senegal en particular, que ahora se niega a respetar los acuerdos de repatriación suscritos con España y con la UE). Y por la tarde, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, consiguió el permiso de la Cámara para la misión de paz al Sur del Líbano, no sin antes explicar con todo el pormenor posible el contenido y al alcance de la decisión gubernamental, que se enmarca en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aunque parezca que ambas cuestiones son independientes, las dos está ligadas por un nexo que es la ubicación de nuestro país en Europa y en el mundo: la pertenencia a Europa nos obliga a estar presentes en el Próximo Oriente y a reclamar la solidaridad europea al enfrentarnos con el problema de la inmigración.