Madrid – Todo lo que está ocurriendo con el fenómeno migratorio (que se
hayan batido marcas históricas de llegadas de inmigrantes y que, además,
se vayan a intensificar, que Canarias esté saturada y atravesando una
situación excepcional, que la Policía no dé abasto, que se haya tenido que
hacer un proceso de regularización para acabar con la elevada bolsa de
ilegales…),todo, tiene una sencilla explicación para el ministro de
Trabajo, Jesús Caldera: «Estamos no ante un efecto llamada, sino ante un
efecto huida» de la pobreza que viven los países subsaharianos. «La
llegada tan importante de inmigrantes a Canarias tiene más que ver con una
crisis humanitaria que con el fenómeno de la inmigración». Así de simple.
Más aún, «será un fenómeno permanente porque hay un volumen de trabajo no
cubierto en España que atrae los flujos de inmigrantes», dijo ayer durante
su comparecencia en el Congreso a petición propia, y en la que no dio
apenas respuestas a las cuestiones que se le planteaban.
   «Ventajas
de la inmigración»
   Una gran parte de su intervención se
convirtió en un discurso idílico y pedagógico sobre la importancia y las
ventajas de la inmigración legal apoyado en los últimos estudios europeos
y de entidades bancarias. Pasó de puntillas sobre la crisis que vive
Canarias sin aportar grandes soluciones, aunque admitió que vive una
situación «preocupante, muy difícil y muy grave». Como novedad en las
actuaciones que el Ejecutivo piensa emprender, únicamente detalló que
propondrá a las comunidades autónomas el próximo día 18 día en que se
celebra el Consejo Superior de Política de Inmigración, que se ocupen de
la tutela de los menores que han llegado a Canarias y que las islas no
pueden asumir. Canarias tiene capacidad para acoger a 250, pero los
llegados son 700, con lo que se prevé que el Ejecutivo traslade en los
próximos meses a la península a 450 menores no acompañados que han llegado
a lo largo del año. «La aportación económica será del Estado, al igual que
las medidas, programas y organización, pero los tienen que tutelar las
Comunidades Autónomas, porque son las que tienen competencias en menores»,
dijo.
   El responsable de Trabajo aprovechó para recordar que no son
tantos los irregulares que hay en España y sugirió que el número está por
debajo de los 500.000, porque «en esta cifra hay que incluir a los
europeos y a personas que están empadronadas en España y no se encuentran
aquí».
   Las declaraciones de Caldera no conformaron a la
portavoz del PP, Ana Pastor, que le echó en cara que no diera datos ni
«explicaciones de nada» y que no reconociera que la gestión del Gobierno
estuviera provocando un «efecto llamada» de extranjeros que desean venir a
España. Le reprochó incluso que pensara en trasladar a las Comunidades la
custodia de menores que llegan a Canarias sin hablar con los responsables
que se ocupan de ello. Acabó por recriminarle que «está huido,
desaparecido, lo está haciendo fatal, ¡váyase, Sr. Caldera, váyase! España
no merece un ministro que sigue ocultando datos», enfatizó Pastor. Su
grupo ha anunciado que el lunes pedirá su reprobación urgente en el
Congreso. Otros grupos, como CC, aplaudieron el análisis del ministro
sobre el origen de la inmigración, pero le recordaron que «la prioridad no
está en el análisis, sino en la crisis de Canarias porque los cayucos
hacen cola para desembarcar. Toca una respuesta clara, eficaz y urgente;
que se note», dijo Román Rodríguez.
   CiU, por boca de
Carles Campuzano, le acusó de hacer el mismo discurso de hace dos años.
«El Gobierno no parece haber asumido la dimensión del problema y la
ofensiva diplomática llega tarde». No obstante, todos los grupos
coincidieron en reclamar un pacto de Estado sobre inmigración.