L. VILLENA/P. MINGOTE

BRUSELAS/MADRID. Las incesantes oleadas de inmigrantes clandestinos que continúan saturando las costas Canarias, incluso después de que la misión europea Frontex empezase sus labores de vigilancia, han obligado al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a llamar la atención a los Veinticinco. En una misiva enviada ayer a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pedía «solidaridad» con España en su lucha contra el problema «urgente y dramático» de la inmigración ilegal.

«Eso supone una solidaridad activa, lo que significa una ayuda financiera y el envío de hombres y material a nuestras fronteras más afectadas. Sería necesario incluso crear una legislación común», afirmaba Barroso en su carta. Y es que los esfuerzos de diálogo con Africa y la misión de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, para la que se ha contado con aviones, barcos, patrullas y helicópteros de cuatro socios europeos, han tenido resultados escasos reconocidos por Bruselas.

Así, Barroso llamaba ayer a los Estados miembros a «intensificar» los esfuerzos europeos, al tiempo que reconocía que con simple vigilancia no resolverá un problema que precisa de inversiones en desarrollo en los principales focos de envío de inmigrantes.

Por su parte, el comisario de Libertad, Seguridad y Justicia, Franco Frattini, insistió ayer en que los procesos de regularización masiva de inmigrantes envían una «señal seductora» a la afluencia de flujos de inmigrantes, una idea que ya avanzó el pasado viernes en una entrevista en ABC. En el diario francés Le Figaro, el comisario proponía como medida para obstaculizar la llegada de irregulares «imponer severas sanciones a todos los que ofrezcan trabajo ilegal a los clandestinos»,

Durao Barroso envió también ayer una misiva al presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, para transmitir su preocupación por el «aumento alarmante» de los flujos de inmigrantes procedentes de Africa. En ella Barroso endureció su discurso con respecto al transmitido a los Veinticinco, y quiso hacer hincapié en que los esfuerzos conjuntos de la UE, los Estados miembros y Senegal «han resultado insuficientes para reducir el flujo de inmigrantes y el número de vidas humanas perdidas». Por último, insistió a Wade en la necesidad de que Senegal respete la obligación de readmisión de nacionales contenida en el artículo 13 del acuerdo de Cotonou.

La solución: dinero

La UE quiere resolver el problema de la inmigración logrando que las personas no quieran marcharse de sus países de origen. El comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, aseguró que la solución al problema pasa por ayudar a los estados a consolidarse algo que «no pueden hacer si no se les da medios financieros» y que es «más partidario de ayudas financieras que de proyectos de desarrollo».

Michel indicó que los 25 disponen de 3.600 millones de euros para financiar el desarrollo en los países de origen, así como un fondo adicional al que espera que colaboren todos los estados miembros de la UE con el que se incentivarán los planes de «buen gobierno». Además, el comisario destacó que hay 20 millones para desbloquear la situación de Canarias para hacer ofertas atractivas a los 22.000 inmigrantes que hay bloqueados en las islas para que quieran que pasa a sus países. Una solución que pasa por ofrecer a los irregulares formación e invertir en escuelas, centros técnicos o financiar los sueldos de los profesores.

La idea es poner en funcionamiento el plan de financiación en Senegal para que el resto de los países lo tomen como ejemplo. Michel declaró que el país africano recibirá 250 millones de euros «y podrá conseguir 80 millones más si hace buenas propuestas dentro del plan de «buen gobierno»».

El mandatario europeo opinó que «a los países africanos lo que les falta esencialmente es un clase media» y reconoció el «absoluto fracaso» de las políticas de ayuda al «mundo pobre».
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