ALBERTO LARDIÉS

MADRID. El Instituto Nacional de Estadística dejó ayer de ser la principal referencia demográfica a tenor de las afirmaciones del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Congreso. Caldera sostuvo que los inmigrantes irregulares que hay en España «son pocos» y lo hizo basándose en un estudio realizado por el director del Instituto de Estadística de Andalucía, José Antonio Fernández Cordón, al que calificó como «el demógrafo más prestigioso de España». Prestigio frente a datos porque el ministro obvió el millón de «sin papeles» que ya vivían en nuestro país a 1 de enero, según los datos del INE, así como las 22.000 llegadas de clandestinos sólo a Canarias en lo que va de año.

La vuelta al curso de Caldera – compareció en la Comisión de Trabajo – no aportó grandes novedades. Casi la única duda que resolvió es la de que los saturadísimos centros de menores de Canarias (ya hay más de 700) lo van a estar menos porque el plan de traslados también se va a poner en marcha con ellos. El ministro anunció que «el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias propondrán el próximo 18 de septiembre al Consejo Superior de Inmigración el traslado a la Península de los menores no repatriados que no puedan ser acogidos en las Islas, estableciendo las fórmulas legales necesarias», aunque no especificó en qué consistirán esas fórmulas.

El titular de Trabajo no llegó a recordar su inolvidable frase de «somos la envidia de Europa» tras la regularización, pero ganas no le faltaron. De hecho, dijo que el proceso de 2005, que él apadrinó, fue «una normalización selectiva» – con 570.000 inmigrantes regularizados – , frente a «los procesos de regularización masiva del Gobierno del PP», por los que se legalizó a 480.000 inmigrantes en cinco años. Aun así, a su juicio, no hay ningún «efecto llamada»; al contrario, ya que «estamos ante un efecto huida» de la miseria.

Caldera se esforzó no obstante por destacar los aspectos «positivos» de la inmigración y, para ello, hizo hincapié en la cifra de extranjeros afiliados a la Seguridad Social con su aportación «altamente significativa» al sistema de pensiones.

Los planes

La crisis de los cayucos ha provocado una situación «muy grave», admitió el ministro, pero de nuevo hizo hincapié en que «tiene que ver mucho más con una crisis humana que con flujos migratorios», y anunció por enésima vez la puesta en marcha del «Plan de Ciudadanía e Integración», que como en ocasiones anteriores sigue siendo un misterio sin desvelar.

La portavoz del Partido Popular en la comisión, Ana Pastor, en un duro discurso, acusó al ministro de «hacerlo fatal», cuestionó las cifras ofrecidas por Caldera en su intervención, señaló al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como «el principal responsable de la nefasta política de inmigración», calificó el proceso de regularización de «fracaso estrepitoso» y dijo que los planes del Ejecutivo «están vacíos de contenido».

Pastor cerró su primera intervención con un claro mensaje para el ministro: «Usted está huido, desaparecido, váyase señor Caldera. Váyase por favor. Si usted no dimite y si el presidente del Gobierno no le cesa, vamos a pedir su reprobación. España no se merece un ministro como usted, que hoy no utiliza «tippex», pero sigue ocultando datos a los españoles».

Mientras, el resto de fuerzas políticas – Nafarroa Bai, ERC, Coalición Canaria, IU – IPV y CiU – coincidieron en la invocación del consenso, que se debería materializar en «un pacto de estado», ya que, a su juicio, el de la inmigración es un asunto de estado para el que no caben las luchas partidistas, en clara alusión a las tesis del PP.

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de CiU, Caldera apoyó la exigencia de visado para los ciudadanos bolivianos – otro de los coladeros en los aeropuertos, dada la cantidad de suramericanos que alegan tener esta nacionalidad – ya que considera que el visado es un «instrumento para la legalidad» y, dijo, «cuando lo decida la Unión Europea estaré de acuerdo, creo que no puedo ser más claro». Actualmente, los visados están vigentes para los ciudadanos procedentes de Colombia, desde enero de 2002, y para los ecuatorianos, desde agosto de 2003.

Por otra parte, el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, criticó a las autoridades españolas porque «de todo lo que ellos habían prometido, no han cumplido nada» y sólo han mandado un barco. Incluso, dijo que José Luis Rodríguez Zapatero «ha reconcido su error».
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