C. MORCILLO

MADRID. Los centros de Canarias acogen ya a más de 700 menores extranjeros. Las plazas disponibles rondan las 250, pero se han tenido que estirar como chicles. La solución para las Islas empezará a llegar en un par de semanas cuando las comunidades autónomas de la Península ofrezcan «solidaridad» y puedan empezar los traslados, a semejanza del plan que se aplica a los adultos clandestinos.

La situación actual es que en la práctica no se devuelve a ningún menor – las últimas expulsiones desde Melilla fueron duramente criticadas por el Defensor del Pueblo – . Dado que la Ley de Extranjería no es aplicable a quienes tienen por debajo de 18 años, en 2003 el entonces fiscal general, Jesús Cardenal, dictó una instrucción para el retorno de extranjeros menores que pretendieran entrar ilegalmente en España y no estuvieran en desamparo. Ya entonces se argumentaba que el sistema de acogida estaba «desbordado» (se había acogido a 6.239 menores) y corría riesgo de paralizarse. Para ello se propuso que los menores interceptados al entrar ilegalmente fueran «retornados» a su punto de origen, salvo que estuvieran en desamparo.

Un año después, el sucesor de Cardenal, Cándido Conde – Pumpido, dejó sin efecto la instrucción. El argumento se basó en varios puntos: es menor todo extranjero que no haya cumplido 18 años, se le debe proporcionar protección y asistencia y la repatriación no es «un objetivo absoluto» porque están en juego otros intereses como la vida o el respeto a los derechos. La decisión del retorno o la permanencia, por tanto, corresponde a la Administración.
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