La Junta de Andalucía apostó por el regreso a sus países de origen con sus familias de los menores inmigrantes no acompañados, ante la saturación de los centros de protección, en los que en agosto vivían 844 menores frente a las 610 plazas disponibles.

La consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, advirtió de que la Junta «no puede atender de manera indefinida» a los menores inmigrantes que se encuentran en los centros de protección, por lo que abogó por su reagrupación familiar con «todas» las garantías legales.
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