Asegura que el Gobierno destina una partida anual de 15 millones de euros para las expulsiones – El PP acusa al ministro de «batir todos los récords en ineficacia» y de practicar «una política suicida» El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuyó ayer la avalancha de sin papeles en España a que Africa está viviendo «una auténtica rebelión pacífica contra la pobreza». Durante su comparecencia en el Congreso, el titular de Interior intentó salir al paso del aluvión de críticas que ha recibido el Ejecutivo de Zapatero por su gestión ante la mayor oleada de inmigrantes por mar de la Historia durante este verano.

La mayoría de los grupos de la oposición consideró que la presencia de Rubalcaba en las Cortes llegaba tarde y que el Gobierno ha actuado de manera improvisada y a remolque para solucionar la crisis migratoria.

Lejos de mostrarse optimista, el titular de Interior admitió que «no es presumible que la presión migratoria baje en los próximos tiempos» en las islas Canarias y aseveró que, sin duda, éste es el reto más importante que el Gobierno español tiene por delante. Por este motivo, Rubalcaba anunció que está estudiando cambiar el organigrama del Ministerio del Interior por considerar que su actual estructura «tal vez no esté adecuada» al reto de la inmigración.

El Partido Popular no se quedó en esta ocasión solo en sus críticas en la Comisión de Interior del Congreso, sino que tanto Coalición Canaria como CiU, ERC o el PNV coincidieron en censurar la «imprevisión» del Ejecutivo ante la masiva oleada de cayucos y la falta de colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La diputada del PP, Ana Torme, realizó un duro discurso contra Rubalcaba, a quien acusó de estar «batiendo todos los récords en ineficacia» y de llevar una política «suicida, irresponsable y caótica en materia de inmigración». «A día de hoy, el único español que puede estar satisfecho de su labor es su compañero de partido Rafael Vera», aseguró.

El ministro intentó demostrar que el Ejecutivo ha puesto en marcha toda una batería de medidas, tanto diplomáticas como policiales, para frenar la llegada de inmigrantes. Y puso datos sobre la mesa para avalar sus teorías: según informó, en la actualidad existen 2.239 policías dedicados al control de fronteras, mientras que en 2004 los agentes tan sólo eran 1.403.

También manifestó que el Gobierno destina una partida anual de 15 millones de euros para las expulsiones, y destacó que en lo que va de año han sido repatriados 52.757 inmigrantes a sus países de origen. De todos ellos, 27.161 se refieren a las readmisiones que se producen en las fronteras de Portugal y Francia; 8.446 apuntan a los retornos en frontera, es decir, aquellos extranjeros que son rechazados en los aeropuertos y 17.150 son las devoluciones – sobre todo de ciudadanos marroquíes – y las expulsiones, que tienen lugar cuando el inmigrante ya ha entrado en nuestro país.

Rubalcaba no se anduvo por las ramas a la hora de describir las enormes dificultades con las que se encuentra el Gobierno para expulsar a los extranjeros a sus países, y reconoció que «los procesos de repatriación son tediosos y complejos, cuando no directamente imposibles».

El titular de Interior afirmó que los países de origen se niegan a efectuar los procesos de identificación de los extranjeros. A la falta de colaboración de las naciones africanas, se suma la picardía de los inmigrantes que vienen sin documentación y rechazan revelar su procedencia.

Las expulsiones son muy impopulares en los países de origen y Rubalcaba confesó que algunos gobernantes africanos le han reconocido que si aumentan los vuelos de repatriación perderían las elecciones. Aun así, recordó que se han producido expulsiones a Senegal, Mauritania, Guinea – Bissau, Nigeria y Mali, donde no se habían realizado desde 1996. El ministro insinuó que si el Gobierno español ha tardado 10 años en poder reactivar las repatriaciones con Mali es porque el Ejecutivo de Aznar narcotizó a los inmigrantes en una de las expulsiones.

Sus argumentos no convencieron a la diputada del PP quien acusó a Rubalcaba de tener «el Ministerio hecho unos zorros». «Ustedes trasladaron el mensaje de que España era un coladero y habría papeles para todos y ahora reconducir la situación es complicado», indicó Torme.