BILBaO. El Gobierno Vasco será “solidario” ante la afluencia de inmigrantes a las costas de Canarias y acogerá a una parte de las personas llegadas en cayucos al archipiélago en los últimos días. Así lo anunció ayer el consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, que, si bien no adelantó el número de inmigrantes que podrían llegar a Euskadi por ésta vía, sí precisó que será “reducido”.

En una entrevista a Radio Euskadi, aseguró que el vasco es “un gobierno solidario” que “no rehuye sus responsabilidades cuando tiene que hacer frente a crisis humanitarias”, por lo que “estará a la altura de las circunstancias” y asumirá su “cuota de responsabilidad y de solidaridad”.

Madrazo explicó que aún no se ha determinado el número de personas que puede ser acogido en Euskadi e indicó que se está dialogando con el Gobierno central para suscribir un protocolo que garantice “una red de acogida” y que ésta “se haga en buenas condiciones”.

También destacó que Euskadi tiene “déficit de mano de obra” en determinados sectores, como el servicio doméstico, la construcción, el sector forestal, la pesca o la industria, por lo que no hay “un problema de falta de plazas o de capacidad de acogida”.

No obstante, advirtió al Gobierno de Zapatero de que no debe “acordarse sólo de las comunidades autónomas cuando hay una crisis como ésta para que le saque las castañas del fuego”, sino que tiene que “pactar la política de inmigración” también con ellas. “No puede ser que PSOE y PP pacten una Ley de Extranjería que lesiona derechos fundamentales y cuando hay un problema de estas características se acuerde de las comunidades autónomas”, insistió.

El consejero vasco reclamó “un cambio” en la política de inmigración, con la derogación de la Ley de Extranjería, que “está en el origen de esta crisis humanitaria”. Como alternativa, apostó por implantar “fórmulas de flexibilidad jurídica” para que los inmigrantes “tengan un horizonte de regularización” y consideró que el problema de la inmigración supera el ámbito estatal. Madrazo abogó por políticas “mucho más abiertas y respetuosas con los derechos humanos” y criticó que el Gobierno central esté abordando esta cuestión “de manera defensiva”. >e.p.