EFE
Granada

La llegada de los menores que viajaban en las dos últimas embarcaciones que han arribado al Puerto de Motril (Granada) desde el pasado jueves ha situado “al límite” la capacidad de los centros de acogida de menores, informó la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Elvira Ramón.
Según la responsable de la Junta de Andalucía, institución de la que dependen estas instalaciones, hasta el momento los centros han atendido correctamente la demanda, aunque las últimas llegadas “apenas” han dejado plazas disponibles en los mismos.

Precisó que además de las de los centros propios del Gobierno autonómico, este año se han habilitado treinta nuevas plazas en instalaciones concertadas, especialmente en una provincia como la de Granada, habitualmente receptora de embarcaciones. Destacó asimismo la existencia de un plan de emergencia por parte de la Junta de Andalucía que garantiza que si una provincia sufre saturación en sus centros los menores puedan derivarse a otros lugares.

Aclaró que actualmente no están desbordados puesto que, en líneas generales, se ha mantenido “una buena tónica” durante el verano, aunque advirtió de que la situación puede variar en cualquier momento puesto que la posible de llegada de nuevas embarcaciones es imprevisible.

Según Ramón, las principales reivindicaciones por parte de los responsables de los centros de acogida propios vienen por que se respete el número de plazas, ya que la finalidad es que todos los menores puedan ser siempre bien atendidos. Según fuentes de la Guardia Civil, más de un 20% del centenar de inmigrantes llegados a Motril (Granada) en las dos embarcaciones que han sido interceptadas en los últimos días eran menores de edad.

Las últimas estimaciones reflejan que entre los tripulantes de las pateras que fueron localizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando pretendían alcanzar las costas españolas se encontraban un total de 23 menores, dieciséis de los cuales arribaron el pasado jueves y siete el sábado.

Un amplio porcentaje de los menores indocumentados tienen entre 14 y 17 años y son enviados por sus propios progenitores que, de este modo, se aseguran la presencia de un familiar en territorio español.