Por IGNACIO CAMACHO
UN país es un territorio lleno de gente; si cambia la gente sigue siendo un país, pero se trata de otro país. Esta frase es de Jordi Pujol y no es difícil atisbar en ella tintes xenófobos, aunque en sí misma posee una lógica impecable e implacable. El tardopujolismo desconfía de los inmigrantes y se opone a su derecho al voto porque el imaginario nacionalista teme que desnaturalicen su sueño étnico, pero una parte de la derecha sociológica española siente una razonable inquietud ante la posibilidad de que los extranjeros puedan decidir el sentido de unas elecciones. Quizá por esa misma razón, la izquierda ha priorizado ese objetivo para 2007, creyendo que favorecerá sus inmediatos intereses en las urnas. El asunto es complejo y carece de respuestas unívocas.
En primer lugar, los extranjeros no pueden votar más que en las elecciones municipales. Ni siquiera en las autonómicas; lo prohíbe la Constitución. El empadronamiento y el pago de impuestos alcanza, a lo sumo, para un derecho de participación política local, porque residir en una localidad no equivale a formar parte del conjunto de rasgos, instituciones, historia, cultura y sentimientos comunes que conforman el concepto de nación.
En segundo término, hay excesivo ruido distorsionador en el debate, porque mucha gente oye hablar del voto inmigrante y piensa en el goteo de subsaharianos en Canarias y en los guetos de magrebíes en Almería. Conviene aclarar las cosas: la cuestión se ciñe, por ahora, a los ciudadanos de países comunitarios (que votan desde 1999) y a los regularizados de algunas naciones sudamericanas con las que, además, es menester firmar previamente convenios de reciprocidad. (Puro formalismo; no es igual que 8.000 españoles voten en Argentina que 80.000 argentinos voten en España). ¿Marruecos? Es sin duda la parte más problemática del asunto, orillada de momento, pero que inevitablemente acabará planteándose.
En tercer lugar, está el sentido mismo del voto extranjero. Puede haber sorpresas: polacos, rumanos, búlgaros y demás europeos del Este recién incorporados a la UE comparten una potente tradición religiosa, vienen escarmentados de una larga experiencia comunista y tienden a votar a la derecha. La izquierda lo sabe, y por eso trata de apresurar convenios con países hispanoamericanos: Colombia, Chile, Argentina… y Ecuador, la bolsa demográfica más importante. Personas, en su mayoría, regularizadas bajo el mandato del PSOE.
Y por último, last but not least, queda el posible efecto llamada. Regularización fácil y, encima, derecho al sufragio. No vienen para votar, pero desde luego no es el mejor modo de disuadirlos de que vengan.
¿Conclusión? No la hay. Salvo la de que se trata de un proceso cuyo curso final no es controlable. Y sobre el que, por tanto, la prudencia aconseja una cautela que en la política española desaparece en cuanto se columbra el brillo de unas urnas en el horizonte.