HASTA ahora se nos había dicho que la llegada de inmigrantes irregulares en patera representaba una cantidad irrelevante si se comparaba con la afluencia de los también sin papeles que ingresaban a través de la frontera terrestre con Francia o sencillamente por los aeropuertos. Pues bien, lo que está pasando en Canarias ya no es tan insignificante: un ritmo de 1.200 personas en 48 horas son cinco o seis aviones llenos o una comitiva de más de 25 autobuses. Sencillamente alarmante. El presidente del Gobierno ha visitado los centros de acogida en Canarias, se ha limitado a decir que las instalaciones son un modelo de buena gestión y ha felicitado a los canarios por sus nobles sentimientos humanitarios. Con esa optimista visión del problema, las 100.000 personas que, según la Cruz Roja, esperan en Senegal puede que adelanten su peligroso viaje.

Hasta ahora, el Gobierno ha dado palos de ciego con la política migratoria y sigue sin entender la gravedad del problema. La ayuda de la UE es poco más que simbólica. Las pretensiones de hacer ruido con un supuesto catálogo de 14 medidas urgentes por las que se estuvieron felicitando mutuamente la Comisión Europea y el Gobierno español, se han quedado en agua de borrajas. Los eventuales efectos de la conferencia de Rabat volaron en pedazos dinamitados por las declaraciones del ministro Caldera, mientras el «Plan África», los viajes étnicos y la apertura de embajadas de emergencia han sido gestos sencillamente intrascendentes. Lo único que ha tenido un efecto comprobado ha sido la decisión de proceder a una regularización masiva, en contra del criterio mayoritario en el seno de la UE. El equilibrio de la sociedad española depende de muchas cosas y una de ellas es la adecuada integración ciudadana y laboral de los inmigrantes. Si no queremos que afloren perniciosos sentimientos xenófobos o racistas, es prioritario ocuparse de que los que vienen a vivir con nosotros sean adecuadamente «digeridos» por la sociedad. Y eso requiere tiempo, medios, paciencia y sobre todo la buena voluntad que los españoles en general mantien en por el aspecto humanitario de esta situación. Y además hace falta mesura. En España, un nueve por ciento de sus habitantes son extranjeros y actualmente es el tercer país del mundo en la clasificación de receptores de inmigrantes; la capacidad de absorción tiene un límite y en términos sociológicos es mejor no llegar a saber cuál es, porque es señal de que no se han producido las tensiones que marcan ese punto en el que se desencadenan esas reacciones sociales indeseables.

El Gobierno no puede seguir contemplando este problema ni como una tormenta pasajera, porque no lo es, ni como un fenómeno sin importancia. Las consecuencias pueden ser gravísimas si no se atajan a tiempo, y mucho peores que algunas de las medidas enérgicas que debería tomar ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde.