El Gobierno valenciano denuncia que el 85% va a comunidades del PP / El ministro del Interior acordó ayer con Senegal realizar patrullas conjuntas Más de 11.000 inmigrantes han sido trasladados a la Península en lo que va de año ante el colapso que sufren las instalaciones de las islas Canarias. Esta cifra supone casi el triple de los que fueron derivados durante 2005, que alcanzaron un total de 4.200, según los datos del Ministerio del Interior.

La mayoría de los sin papeles son desplazados a Madrid, Málaga, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. El Gobierno de esta comunidad denuncia el desigual reparto, ya que, según sus datos, el 85% de los subsaharianos es enviado a autonomías del Partido Popular. Sigue en

Editorial en

Los vuelos de los subsaharianos a la Península se realizan con la máxima discreción y casi de manera clandestina para no crear alarma social ni levantar las suspicacias de los gobiernos autonómicos.

Los inmigrantes salen de los centros de internamiento canarios justo antes de cumplir los 40 días que marca la ley y después son embarcados en vuelos de la compañía Swiftair fletados por el Ministerio del Interior. La mayoría de los vuelos termina en Madrid, Valencia, Murcia, Málaga y Barcelona.

Las comunidades del PP ya han dado la voz de alarma y se quejan de la distribución desigual de los inmigrantes en la Península. La consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel, denunció ayer a este diario que el 85% de los traslados se realizan a comunidades gobernadas por el PP. De Miguel aseguró que si en 2005 la Comunidad Valenciana registró el desplazamiento de 172 subsaharianos, en lo que va de año ya van 1.220.

«Somos solidarios con Canarias, pero queremos un reparto igualitario. Aquí llegan todos los días vuelos con 40 personas porque estamos ante la mayor avalancha de la Historia. Es el caos más absoluto, pero ¿dónde están el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí?», se preguntó De Miguel.

La consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, también ha protestado, ya que, según afirma, esta Comunidad recibe el 65% de los traslados, mientras que otras regiones como Cataluña apenas registran el 6% del total. Según sus datos, hasta el mes de junio, mientras Madrid había acogido a 3.527 subsaharianos, el Gobierno sólo había enviado a 350 a Cataluña.

‘Efecto llamada’

En las últimas semanas, la comunidad catalana ha recibido a 408 sin papeles más, por lo que en total se han desplazado 758 en 2006. Sin embargo, en la capital de España esta cifra asciende a más de 5.000.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) denuncian el ocultismo con que Interior realiza los vuelos: «Estos son los viajes secretos que hace Interior y ya van más de 11.000 africanos desplazados. Son los famosos vuelos solidarios que nunca quieren sacar a la luz. Culpamos a Caldera de que se esté produciendo y se siga generando un efecto llamada», manifestó ayer Rodrigo Gavilán, portavoz de este sindicato policial.

Gavilán critica los continuos parches que está poniendo el Ejecutivo a la política migratoria, que vaga sin rumbo: «Primero anunciaron que iban a instalar un SIVE [Sistema Integral de Vigilancia del Exterior] en Marruecos; luego, el Plan Africa y la ofensiva diplomática; después, que iban a comprar un satélite para detectar los cayucos y ahora se han inventado algo que no existe y se llama Frontex [la operación contra la inmigración ilegal puesta en marcha por la Agencia Europea de Fronteras]», afirmó el dirigente de la CEP.

Los continuos traslados de subsaharianos están desbordando a las brigadas provinciales, que tienen a gran parte de su personal dedicado exclusivamente a custodiar a los inmigrantes durante los desplazamientos, descuidando otras de sus labores, como hacer redadas o perseguir a las mafias que trafican con seres humanos.

La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid no da abasto, ya que, según denuncia en un escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, los traslados se realizan casi a diario e incluso en fines de semana y en ocasiones se ven obligados a incumplir la ley.

El escrito destaca «el desgaste y el coste diario que supone para la Brigada dar cumplimiento a este servicio y lo costoso que resulta para la propia Dirección General de la Policía por el derroche de medios que ha de poner a disposición».

Los responsables de esta Brigada admiten que «como no se nos facilitan todos los medios de transporte necesarios, el traslado debe efectuarse con los pocos recursos de que se dispone y esto supone tener que sobrepasar en demasía el número de personas que la normativa vigente permite trasladar por cada [vehículo] celular».

En el escrito, los jefes de la Brigada muestran sus temores por la seguridad en el transporte y ante el hecho de que «alguna ONG pueda hacer comentarios al respecto nada favorecedores», en el caso de tener algún problema. Según la ley, para un traslado de 100 subsaharianos serían necesarios 16 vehículos celulares con más de 16 funcionarios, algo inviable para el funcionamiento de la brigada.

Todos estos desplazamientos se realizan porque los subsaharianos, una vez que aterrizan en la Península, pasan por los centros de internamiento para realizar un trámite protocolario: se les da de alta en el centro y, a los pocos minutos, se les da de baja para ponerles en libertad.

Ante esta situación, los responsables policiales piden que sean los funcionarios del centro de internamiento los que se trasladen directamente al aeropuerto de Madrid y allí procedan in situ a liberar a los subsaharianos. La propuesta supone que los autocares de las ONG, en lugar de acudir a recogerlos a los centros de internamiento, vayan directamente a Barajas para trasladarlos a los albergues de acogida. De esta forma, se ahorrarían el traslado de miles de personas a los centros de internamiento.

Tras ser puestos en libertad, los inmigrantes permanecen alojados durante unos días en las dependencias de ONG como Cruz Roja o Accem, donde se intenta ponerles en contacto con algún familiar o amigo que les pueda alojar. Los que no tienen esa suerte, terminan en la calle con una orden de expulsión imposible de cumplir, pero que les impide trabajar y conseguir los papeles.

PIE DE FOTO TITULADA

‘RUBALCABA AIRLINES’.

Los vuelos de inmigrantes desde Canarias a la Península se han intensificado en los últimos meses tras la masiva oleada de cayucos que está llegando al archipiélago. En la imagen, un grupo de subsaharianos viaja este verano desde Fuerteventura a Madrid, en uno de los aviones fletados por el Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, a través de la compañía aérea Swiftair.