Brasil se ha esforzado por ofrecer un entierro digno a los nueve africanos que llegaron a su costa sin querer mientras perseguían una vida mejor en Europa. Los restos de las nueve personas que arribaron muertas en una patera a la deriva el pasado día 13 han recibido sepultura este jueves en Belém, la capital del estado amazónico de Pará, a donde llegó la embarcación. El entierro ha consistido en una ceremonia laica a la que han asistido representantes de los muchos organismos brasileños implicados en el caso, desde la Policía Federal (PF) o la científica hasta la Armada, los bomberos o la guardia municipal de Bragança, la ciudad por la que el cayuco y los cadáveres llegaron a tierra firme. Los investigadores sostienen que zarparon de Mauritania rumbo a las islas Canarias (España) y que por algún motivo que se desconoce perdieron el rumbo y fueron arrastrados hasta la orilla americana del Atlántico.

La policía ha desvelado después las últimas novedades del caso. Los nueve cadáveres son de hombres adultos. Junto a ellos se localizaron, papeles en los que había anotados números de teléfono de Mauritania, Malí y Congo y un fogón para calentar comida. A todos ellos les han tomado muestras de ADN y dentales y a siete de ellos también las huellas dactilares, siguiendo los protocolos de la Interpol. Los investigadores brasileños ya están en contacto con la policía de países extranjeros y de la Cruz Roja Internacional.

La policía sospecha que a bordo hubo al menos 25 personas y que murieron de sed y hambre, según explicó a este diario la semana pasada el superintendente de la Policía Federal en Pará, José Roberto Peres. Ninguno de los cadáveres ha sido identificado por ahora. Los forenses ya tomaron muestras de ADN, dentales y dactilares, pero el análisis acaba de comenzar. La ruta migratoria desde África Canarias es cada vez más utilizada, las llegadas a las islas han aumentado de manera espectacular en lo que va de 2024.

Los cuerpos han sido inhumados de manera temporal con el fin de que, si son identificados y sus allegados localizados, estos puedan darles sepultura definitiva donde consideren oportuno, según una nota de la PF.

Representantes de los muchos organismos brasileños implicados en el caso participaron en el entierro; desde la Policía Federal o la científica hasta la Armada, los bomberos o la guardia municipal de Bragança, la ciudad por la que el cayuco y los cadáveres llegaron a tierra firme. Los investigadores sostienen que zarparon de Mauritania rumbo a las islas Canarias (España) y que por algún motivo que se desconoce perdieron el rumbo y fueron arrastrados hasta la orilla americana del Atlántico.
Miembros de los diversos organismos e instituciones brasileñas implicadas en el caso participaron en la ceremonia laica de entierro este jueves, en Belém.
POLICÍA FEDERAL DE PARÁ
Representantes de la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y Acnur (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también fueron invitados y han participado en el sencillo acto celebrado en el cementerio de São Jorge, un camposanto municipal de Belém.

Los agentes también localizaron en el barco 27 teléfonos móviles, que están siendo analizados aunque la policía ya advierte de que están tan oxidados que las expectativas de que ofrezcan informaciones son bajas. También encontraron al menos dos documentos de identidad. Gracias a estos han llegado a la conclusión de que los pasajeros eran de Mauritania y Malí y que emprendieron la travesía hacia el archipiélago español después del 17 de enero por un sello fronterizo.

Los pescadores brasileños que avistaron la patera y dieron la alerta hallaron ocho cadáveres dentro del barco y un noveno flotando cerca. Las autoridades pensaron inmediatamente que eran extranjeros, emigrantes, porque no había aviso de naufragios en el litoral. Veinticinco capas de lluvia halladas junto a los cuerpos hacen pensar a los investigadores que al menos viajaban otras tantas personas .

Acnur recuerda que las autoridades de Brasil consideran que, tanto Malí como Burkina Faso, viven una situación grave en la que la violación de derechos humanos es generalizada y por tanto tiene procesos más ágiles para procesar la solicitudes de asilo de las personas de esos países, así como de Afganistán, Irak, Venezuela y Siria.