El Gobierno cree haber encontrado la solución para poner fin a la grave crisis de situación del sistema de acogimiento de menores migrantes no acompañados que sufre Canarias. La apuesta, pactada con el gobierno canario, pasa por reformar de manera urgente el artículo 35 de la Ley de Extranjería —ya sea a través de una proposición de ley o de decreto ley— con el fin de establecer un reparto obligatorio entre comunidades autónomas en momentos de emergencia, como el que se vive en el archipiélago en el que se tutelan a 5.500 niños y adolescentes llegados en embarcaciones a las costas canarias. La intención es distribuir a unos 2.500 menores por la península con la mayor celeridad posible.