En el pico de la pandemia, Luis Peñaloza como muchos otros extranjeros consiguió en una situación inconcebible un empleo indispensable. Por varios meses fue conserje de un conjunto residencial al norte de Madrid, un trabajo que, dadas las circunstancias, suponía tanto sustento como riesgo.

Había llegado a España un par de años antes, para cursar un máster en gestión pública. En Venezuela, donde nació, estudió Ingeniería Electrónica y se dedicó también a la oposición política. Las profundas fisuras económicas y la presión sobre los jóvenes contrarios al chavismo le motivaron a quedarse y renunciar a todo lo que existía para él en San Cristóbal.

Ya en Madrid, el panorama fue siempre desgastante. Una vez culminó sus estudios intentó por todos los medios trabajar en algo acorde a su experiencia. No lo logró. Antes de ser conserje, trabajó como ayudante de cocina en un restaurante donde contrajo paperas y fue despedido durante la baja médica que la enfermedad le provocó; y participó de forma habitual en programas de televisión donde pagaban nueve euros por aplaudir durante seis horas como parte de la audiencia y en pruebas clínicas de medicamentos experimentales para hacer algo de dinero.

Con una depresión diagnosticada, el NIE vencido y en la búsqueda de asilo, recorrió todo ese periplo durante casi tres años. Los rechazos y prejuicios no solo obstruyeron sus oportunidades de subsistencia, sino que le obligaron a abandonar trozos de su identidad y de su historia, uno de los despojos más normalizados y brutales que atraviesa una persona migrante.

Cuando las credenciales no cuentan, ni la experiencia importa, ingenieros, médicos, arquitectas, científicas o artistas de orígenes distintos se ven forzados a convertirse en lo que el mercado les dicta, y muchas veces, a vivir en la vulnerabilidad y la desventaja. Es un problema estructural: el empleo, parafraseando algún experto, es la “primera oportunidad” del extranjero, sin embargo, para perfiles como el de Luis, han sido escasas, precarias, temporales y disonantes con su trayectoria.

Desde hace años, los migrantes han estado relegados a los márgenes del mercado con una sobrerrepresentación en ocupaciones de cualificación básica, donde la temporalidad, la precariedad y la informalidad son mucho mayores, y en parte por eso, ha sido persistente la disparidad en las tasas del paro indistintamente de la curvatura económica. Solo en el último trimestre de 2023 el desempleo para las personas extranjeras fue de 17,43%, casi siete puntos más que el de nacionales españoles.

Este país necesita talento desesperadamente pero se resiste a reconocer que su futuro, competitividad, productividad e innovación dependen de una demografía que se transforma cada vez más, gracias a la movilidad humana
Los datos de la Encuesta Laboral Europea publicados por este periódico en su investigación junto a Lighthouse Reports y Financial Times reiteran este panorama y parecen una contradicción. Este país necesita talento desesperadamente pero se resiste a reconocer que su futuro, competitividad, productividad e innovación dependen de una demografía que se transforma cada vez más, gracias a la movilidad humana. Que la sobrecualificación de los extranjeros con estudios universitarios alcance el 54% y se haya mantenido prácticamente igual desde hace más de una década, es un síntoma de algo peor: el desperdicio del talento extranjero es un lujo que pocas economías podrían permitirse y España actúa como si fuera una de ellas.

A pesar de que existe desde hace tiempo un importante consenso en el mundo empresarial en torno a la escasez de mano de obra, nadie parece querer contar con los migrantes. A comienzo de este año un reporte de Randstad Research revelaba que un 81% de las empresas encuestadas “habían experimentado dificultades para cubrir vacantes, especialmente en perfiles cualificados” y aunque Europa ha reconocido sin tapujos que parte de la solución estriba en “la movilidad de los talentos de países no pertenecientes a la UE”, el foco español ha estado en respaldar un Pacto de Asilo y Migraciones que hermetiza el continente de cara a quienes más necesitan un futuro. Entre la pierna que camina y la que patea, ha elegido la segunda.

Hace apenas unos días todos los grupos políticos (a excepción de Vox), aceptaron dar vía al debate de regularización de cerca de 500.000 personas. A pesar de un sí que llegó en el último momento, la reticencia fue evidente desde todos los clivajes. Algo desconcertante, porque perseguir, deportar o condenar a miles de personas a una vida clandestina son alternativas más costosas y complejas, y porque la regularización no solo es un paso que facilita la permanencia, devuelve la esperanza y respeta la dignidad que a estas alturas debería ser una obviedad en la política sino porque abre la puerta a diseñar estrategias para el desarrollo del talento, el empoderamiento económico o la repoblación de territorios donde la productividad y la competitividad se desmorona.

La precariedad, el desempleo y la sobrecualificación son parte de la gruesa capa de rechazo que permanece hacia los migrantes, y para quebrarla, hace falta una estrategia contundente. España no se puede permitir más un sector privado con falencias de talento, un mercado laboral excluyente, unos procesos imposibles de homologación, el desperdicio de la cualificación, y sobre todo, no puede seguir perpetuando esa narrativa dominante de los migrantes como una pieza artificial y prescindible.

Ahora que los datos alumbran el debate, los relatos deberían responder a nuevas lógicas más allá de lo economicista, lo utilitario y lo políticamente conveniente. Deberían servir para que menos personas permanezcan estancadas en trabajos donde muere el potencial migrante, para evitar más talentos perdidos, más brazos explotados y, sobre todo, más seres humanos desterrados de ese terreno colectivo que llamamos futuro.