Después de casi una década de discusiones y un intento fallido, el Parlamento Europeo ha aprobado una reforma del Pacto de Migración y Asilo en una ajustada votación cuyo resultado ha estado en el alero hasta el último minuto por la oposición de la izquierda radical y los Verdes. La nueva legislación refuerza los controles fronterizos con centros para tramitar las solicitudes de asilo en los puntos de llegada de los inmigrantes sin papeles, y establece un sistema de solidaridad entre los miembros del bloque, a través de penalizaciones de hasta 20.000 euros por inmigrante, que deberá pagar el país que se niegue a acoger a los que han llegado a otros que ya están saturados. Con las elecciones europeas en el horizonte, la cuestión de la inmigración ilegal puede jugar un papel importante en muchos países y una derrota de esta propuesta legislativa habría tenido un efecto devastador en la campaña. El acuerdo fundamental que ahora se ratifica fue alcanzado durante la presidencia española, en el último semestre del año pasado.

Ahora ya solo queda la aprobación formal del texto final en el seno del Consejo Europeo, lo que en principio está garantizado a pesar de que dos países, Hungría y Eslovaquia, se oponen a ello aunque no pueden evitarlo ya que el voto en este caso es por mayoría cualificada.

La nueva legislación está formada por diez proyectos de ley diferentes que se han votado por separado. De ahí los temores de que en alguno de ellos pudiera haber un resultado negativo. Este paquete final sustituye al llamado Pacto de Dublín, que es la base legal que ha funcionado hasta ahora y que hacía reposar en el país de entrada en el espacio europeo la entera responsabilidad de gestionar la suerte de todos los inmigrantes sin papeles, demandantes de asilo o no.

Durante la gran crisis de los refugiados en 2015 a raíz de la guerra civil en Siria, la Comisión presidida entonces por Jean Claude Juncker intentó imponer un reparto obligatorio por cuotas, pero no llegó a funcionar en ningún caso y provocó una crisis política devastadora en el seno del Consejo Europeo.

La única solución que se encontró entonces fue pagar a Turquía para que impidiera a los candidatos a la inmigración que cruzasen la frontera con Grecia o Bulgaria.

Aunque la política de formar pactos con países terceros se ha estado extendiendo a Túnez o Egipto, en septiembre de 2020 la actual Comisión lanzó esta propuesta que incluye un control más estricto de las fronteras exteriores y un reparto de los que sean calificados como demandantes de asilo. Los países que no deseen aceptar inmigrantes pueden optar por pagar entonces el coste que le va a suponer al que se haga cargo y que se ha cuantificado en 20.000 euros, o contribuir al esfuerzo de proteger las fronteras exteriores.

Solidaridad y responsabilidad
La primera en celebrar la aprobación del paquete legislativo fue la presidenta del Parlamento, la popular maltesa Roberta Metsola, que en redes sociales dijo que se trata de un «equilibrio entre solidaridad y responsabilidad».

Durante el debate, el resultado ha sido criticado tanto por la extrema derecha, cuyos representantes suponen que no es lo bastante estricto para atajar la inmigración ilegal, mientras que los de extrema izquierda lo consideran como un ataque a los derechos humanos. Poco antes de la votación, un grupo de activistas que estaba entre el público intentó boicotear el pleno al grito de «este pacto mata, votad no». Los Verdes, que también estaban en contra, han dicho que con el acuerdo final «la falta de solidaridad hacia los solicitantes de asilo y entre los Estados miembros sólo empeorará».

Para los Verdes, el acuerdo final «la falta de solidaridad hacia los solicitantes de asilo y entre los Estados miembros sólo empeorará»

El eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, que ha tenido un papel destacado en la tramitación de este pacto, destacó ayer la importancia para España de «un acuerdo equilibrado y duradero», puesto que es uno de los países europeos con más presión migratoria. A su juicio, el pacto aprobado supone un gran paso hacia una política migratoria europea «que sea justa con quienes necesitan protección, firme con quienes no cumplen los requisitos para entrar en territorio comunitario y muy dura con los traficantes de seres humanos que ponen en peligro a personas vulnerables».

Por su parte, el socialista Juan Fernando López Aguilar, que también ha jugado un papel crucial en este trámite, dijo en el debate que se trata de «un pacto es decisivo para el futuro porque se trata de cumplir un mandato del Derecho Internacional» a través de un procedimiento «solidario y justo» que proporcione seguridad jurídica y protección «a los más vulnerables» como los menores no acompañados o las víctimas de trata. «Somos conscientes de que este es el tema más divisivo en la UE de los últimos tiempos» y que «este resultado siempre es mejor que ningún resultado que habría sido abandonar a los gobiernos de los Estados miembros a su suerte».

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, tiene ahora que preparar antes de julio el plan para poner en marcha este pacto, porque hay muchas incógnitas que no se han resuelto específicamente en el paquete legislativo. Sin embargo, en el presupuesto europeo ya se prevé una partida dedicada a la gestión de los demandantes de asilo y al refuerzo de la vigilancia de las fronteras exteriores.