El pasado domingo se cumplieron dos años del encuentro en Rabat entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI que sirvió para sellar la reconciliación entre España y Marruecos tras una crisis que tuvo su momento álgido en mayo de 2021 con la irrupción en Ceuta de 10.000 inmigrantes en situación irregular. Días antes, el jefe del Gobierno español había remitido una misiva al monarca alauí en la que calificaba el plan marroquí de autonomía para el Sáhara como la opción “más seria, realista y creíble” para solucionar el contencioso. Sánchez nunca ha explicado suficientemente por qué abandonó la tradicional neutralidad mantenida por España desde que se retiró de su última colonia africana.

El tiempo transcurrido desde entonces está lleno de claroscuros. Por lo que al Sáhara se refiere, el giro español no ha servido para desbloquear un conflicto empantanado que el Polisario no es capaz de ganar militarmente ni Marruecos políticamente. En lo que respecta a las relaciones bilaterales, el comercio entre ambos países supera ya los 20.000 millones anuales, España se ha consolidado como primer proveedor de su vecino magrebí y, según el Gobierno, las autoridades marroquíes colaboran activamente en el control de la inmigración irregular desde su territorio. Si en el último año se ha disparado la llegada de cayucos a Canarias ha sido por la crisis en países como Senegal o Mauritania.

En cambio, la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta (donde nunca ha existido) y Melilla (cerrada unilateralmente por las autoridades marroquíes en el verano de 2018) sigue pendiente. Los “problemas técnicos” que alega Marruecos parecen una excusa tras las sucesivas pruebas realizadas el pasado año. En el trasfondo del asunto está la resistencia de Rabat a dar cualquier paso que pueda interpretarse como un reconocimiento implícito de la soberanía española de Ceuta y Melilla.

La apertura de estas aduanas se presentó precisamente como la principal concesión marroquí en la hoja de ruta sellada por Sánchez y Mohamed VI. Se trataba de establecer una nueva relación de las dos ciudades españolas con las provincias marroquíes vecinas, una vez superada la etapa del comercio informal o contrabando que enterró definitivamente la pandemia. Lejos de avanzar en esa dirección, las autoridades de Rabat han dado una nueva vuelta de tuerca al negarse a reconocer los visados temporales que los consulados españoles en Marruecos expedían a las trabajadoras transfronterizas que cada día cruzaban a Ceuta y Melilla. Estos visados no les permitían viajar a la Península, pero sí trabajar en el empleo doméstico o en la hostelería. Quien más sufre con esta medida es la población marroquí afectada, pero eso no conmueve a sus gobernantes, cuya estrategia parece dirigida a aislar a las dos ciudades españolas de su entorno.

La relación entre España y Marruecos es necesariamente compleja, por el abismo de riqueza económica que les separa y la disparidad de sus sistemas políticos, una democracia y una autocracia. La prosperidad de ambas sociedades redunda en su mutuo beneficio, y proyectos como la organización de la copa del mundo de fútbol de 2030 solo serán un éxito si se basan en la cooperación y confianza mutua. Pero ello exige el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, empezando por los de hace dos años. O, en su defecto, otros que pongan fin al bloqueo.