El Congreso debate este martes una iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a medio millón de inmigrantes sin papeles. La propuesta llega a la Cámara baja tras haber recabado 700.000 firmas y cuenta con el apoyo de Sumar, Podemos o Esquerra, socios de Gobierno del PSOE. Pero también con el de la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española ha hecho campaña activa para que esta iniciativa salga adelante. El problema para su aprobación está en el PSOE. Mientras que PP y Vox se oponen frontalmente, los socialistas mantienen una posición a la defensiva argumentando que la Unión Europea no permite regulaciones masivas de inmigrantes. Ello a pesar de que en 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero recién llegado a la Moncloa, se adoptó una idéntica decisión que benefició a 700.000 personas, pero que le valió al Gobierno socialista de entonces una batería de protestas por parte de Francia y de otros socios comunitarios. Dos décadas después, el PSOE prefiere no volver a enfrentarse a la UE pese a la presión de sus aliados parlamentarios, de la Iglesia y de las 800 ONG que han refrendado la iniciativa legislativa.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, es tajante: «Los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es». Desde Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun, instó este lunes a Sánchez a tener el mismo valor que demostró Zapatero hace 20 años.

En el otro lado de la balanza, el PP considera que la regularización general «no es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares». Vox sostiene por su parte que «los que entran de modo irregular tienen malas intenciones». Entre unos y otros se mantiene el PSOE, que hoy deberá explicar si, al menos, admite que se debata una iniciativa legislativa que han apoyado 700.000 ciudadanos con derecho a voto.