La derogación de las leyes autonómicas promovidas en regiones gobernadas por PP y Vox para limitar los efectos de la Ley de Memoria Democrática estatal ha agitado el avispero de los pactos entre el partido de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal. Ante el nuevo ciclo electoral que concatena las vascas, catalanas y europeas en tres meses, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha perdido la ocasión de exprimir las críticas y anunciar recursos ante el Tribunal Constitucional para poner ante el espejo las consecuencias de las alianzas entre los populares y la derecha radical allá donde gobiernan juntos.

Los acuerdos fueron tan ambiguos en ciertos puntos que resulta complejo cuantificar cuántas de las exigencias de Vox han pasado del papel a los hechos y cuántas se quedarán en mero relato político. Máxime si se tiene en cuenta que salvo Castilla y León –que acaba de pasar el ecuador de la legislatura–, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Murcia y Baleares –Vox no entró en el Ejecutivo de Marga Prohens– aún no han cumplido su primer año de gobierno. Pero más allá de la sintonía que en mayor o menor grado han demostrado ambos partidos sacando adelante los Presupuestos en estos territorios, el impacto de Vox en términos legislativos es, por ahora, limitado.

Para el politólogo Pablo Simón, la actual ofensiva de las derechas con sus normas de concordia tiene que ver con la necesidad de Vox de recuperar agenda ahora que «está perdiendo pulso frente a un PP que trata de invisibilizar y comerse al socio pequeño». En su opinión, «existe una especie de desacople entre la proyección simbólica que quiere hacer Vox de sus batallas ideológicas de las ejecuciones presupuestarias y los cambios normativos, más lentos y complejos».

Los de Abascal fueron hábiles en colocar sus prioridades en los pactos autonómicos pero no han tenido tiempo o no han podido desplegarlas. En términos efectivos es el PP el que marca el paso legislativo en las principales consejerías y la impronta de la extrema derecha se circunscribe a las áreas de Agricultura y Cultura. Con la llegada de Vox a los Ejecutivos de Aragón, Extremadura y Baleares se suprimieron las Consejerías de Igualdad –también lo hizo Cantabria, donde el PP gobierna en solitario–, se fomentaron ayudas a la tauromaquia y recortaron subvenciones a sindicatos. Pero temas como la modificación de la ley trans, el aborto o la inmigración irregular, entre otras, no están sobre la mesa.

Memoria democrática
Aragón ya revocó el texto autonómico y desarrolla un plan de concordia mientras que en las últimas semanas se han presentado iniciativas similares en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. Extremadura, Baleares y Murcia aún no han iniciado pasos legislativos.

Derechos del colectivo LGTIBQ+
El pacto en Aragón incluyó la reforma de la ley autonómica trans de la que no hay noticias y la Generalitat valenciana ha solicitado informes para evaluar la norma. Vox eliminó en Murcia la simbólica financiación de 4.500 euros al colectivo LGTBI. Extremadura sí mantiene las ayudas y acciones de sensibilización contra la LGTBIfobia.

Violencia de género
No hay novedades sobre la ley contra la violencia intrafamiliar acordada en Castilla y León y Comunidad Valenciana. Aragón, en cambio, ha reducido partidas destinadas a la «violencia intrafamiliar, filioparental y contra los ancianos» mientras que Extremadura, Murcia y Baleares han borrado de las declaraciones institucionales los términos «violencia de género» y «violencia machista».

Defensa del castellano
Aragón ha reducido las subvenciones a la política lingüística que protege el aragonés y el catalán. La nueva regulación deroga en la práctica el modelo plurilingüe en la Comunidad Valenciana y Baleares destina 20 millones de euros a desplazar el catalán en las escuelas.

Inmigración irregular
La decisión de acoger menores de Canarias llevó en Aragón a reclamar por primera vez la comisión de seguimiento del pacto de investidura en esta región.