Para Raquel Martí, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) es “un testigo incómodo” y “un recuerdo constante a la comunidad internacional de que existen seis millones de refugiados palestinos que tienen derechos”. Como directora del comité español describe que el ente está vertebrando la ayuda en Gaza, mientras sortea la enésima crisis deficitaria por el freno de donativos, resultado de las denuncias de vínculos con Hamas por parte de Israel. Si bien UNRWA lleva 75 años de desafíos, hoy lidia con una Gaza bajo total bloqueo israelí, en riesgo inminente de hambruna y el reciente anuncio de Israel de bloquear sus servicios en la franja.

Rozamos el sexto mes de invasión y ataques israelíes en Gaza. ¿Cuál es la radiografía actual de UNRWA?

Llevamos 162 trabajadores asesinados, de un total de 165. Es el número más alto en la historia de Naciones Unidas. Más de 150 instalaciones de UNRWA se han visto afectadas, algunas están totalmente destruidas, y tanto combatientes de Hamas como del Ejército israelí las están usando. Bajo la bandera de la ONU, en los refugios, han sido asesinadas más de 400 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, y más de 1.400 heridas.

Llevamos 162 trabajadores asesinados, de un total de 165.
Ante esta destrucción, ¿cómo está trabajando la agencia en el terreno?

UNRWA tiene en Rafah la base logística más grande, allí está ahora el personal que queda activo, que son 3.000 de 13.000 que siguen prestando sus servicios. Se trata de personal sanitario, logístico, psicólogos que están en nuestros albergues para atender a la población y la distribución de ayuda.

Israel sostiene que “no limita la cantidad de ayuda”, que la ONU y las oenegés no la están repartiendo “por incapacidad”.

La ayuda que entra en Gaza es la que Israel permite que entre. De media, en febrero eran 70 camiones diarios y en marzo ha empezado a incrementarse a 150. El problema es que Israel realiza tres revisiones de la mercancía en un procedimiento muy lento que no permite que haya más tráfico. Además tiene un listado de materiales que ha decidido prohibir como anestésicos, pastillas para potabilizar agua, medicamentos contra el cáncer…

Muchos de los camiones que tal vez contienen alguno de estos materiales son rechazados y deben regresar a Egipto. De ninguna manera es Naciones Unidas la que no tiene capacidad. Hay más cruces terrestres, Kerem Shalom y Rafah no son los únicos que hay en Gaza. Si Israel abriese todos los cruces entrarían más camiones diarios. Esto es lo que estamos pidiendo, pero no lo permite.

¿Cómo sigue la investigación tras las acusaciones de Israel sobre la presunta participación de trabajadores de UNRWA en los ataques del 7 de octubre?

Está en marcha y esperamos que a mitad o a finales de abril esté el informe. Lo que hasta ahora sabemos es que Israel no ha compartido las pruebas que dice tener. Lo que sí ha publicado UNRWA es un informe con decenas de testimonios de trabajadores que han sido detenidos y sometidos a malos tratos, incluso abusos sexuales, y que bajo tortura han sido forzados a confesar que son miembros de Hamas o a acusar a compañeros. Cada vez que Israel se lleva a personal u otras personas a sus centros fuera de Gaza los entra por Kerem Shalom, y estamos registrando todo, pues atendemos magulladuras, brazos rotos…

Si Israel aún no comparte las pruebas, ¿por qué cree que al instante congelaron sus donaciones 16 países, más la UE?

Que 12 trabajadores hayan podido participar en las matanzas es una acusación muy grave y nos la tomamos muy en serio. Se ha producido el despido de forma cautelar hasta que la investigación determine si hay pruebas para iniciar un procedimiento judicial criminal con el que estamos colaborando. Somos una agencia humanitaria, no tenemos un servicio de inteligencia, para eso compartimos la lista de trabajadores con Israel. La última vez que lo hicimos fue en mayo de 2023, y no tuvimos ninguna advertencia.

Consideramos que los países han tomado una decisión irresponsable puesto que UNRWA es la columna vertebral de la ayuda en Gaza. Y lo que ha llevado a muchos a frenar las donaciones son las acusaciones de Israel, con las que ha criminalizado a la agencia por 12 trabajadores cuando tiene 33.000.

De ese grupo solo Suecia, Canadá, Australia y Finlandia han reanudado sus fondos. ¿Qué ha cambiado desde la incriminación israelí de enero?

Por un lado, la situación tan acuciante que hay en Gaza, donde en breve se va a tener que declarar una hambruna por los altos niveles de inseguridad alimentaria y porque ya han comenzado a morir civiles, incluso niños y niñas, por inanición y deshidratación. Entonces la ayuda es indispensable y UNRWA es la única con capacidad de distribuirla y coordinarla. Luego, pienso que ha sido una decisión precipitada y se ha visto que desde entonces Israel no ha aportado ninguna prueba. UNRWA ha puesto todas las medidas –ha despedido a los trabajadores, ha pedido una investigación independiente, el secretario general de la ONU ha puesto en marcha otra investigación sobre si los protocolos de neutralidad son suficientes– y eso ha hecho que los gobiernos hayan decidido volver a financiarnos.

Netanyahu ha llegado a decir que para ganar la guerra hay que acabar con UNRWA
Con el retorno de estos cuatro países, ¿hasta cuándo podrá mantenerse la agencia?

UNRWA necesita 60 millones de dólares mensuales porque no hablamos solo de Gaza. La retirada de fondos afecta a Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado. Por ello cada donación lo que nos permite es mantener las operaciones días, o a lo sumo meses. Ahora, con estos donantes que han liberado los fondos y los que los han incrementado como España, pensamos que podemos continuar hasta finales de mayo.

UNRWA está trabajando en planes para ‘el día después’. ¿Cómo se conciben ante una destrucción en curso y con Netanyahu buscando “que UNRWA deje de existir”?

Así es, ha llegado a decir que para ganar la guerra hay que acabar con UNRWA. Cada vez más se está criminalizando a la agencia, pero el problema que tenemos en esta ofensiva es que no tiene precedentes en Gaza. Es la primera vez que no sabemos en qué escenario va a estar la población ‘el día después’, cómo va a quedar la franja, que hasta ahora está absolutamente destruida. Un informe de Naciones Unidas dice que únicamente la retirada de escombros y la desactivación de explosivos va a llevar cuatro años.

O sea, no estamos hablando de reconstrucción, que va a ser larguísimo y se va a tener que mantener a la población en infraestructuras temporales, vamos a tener que pensar en poner escuelas como en el año 48, en tiendas de campaña, porque nos han destruido las instalaciones. La salud está también destruida e incluso después de un alto el fuego se seguirán propagando las enfermedades contagiosas que hay ahora mismo. Revertir todo, poner en marcha el sistema productivo que ha sido aniquilado, va a llevar tiempo.