Las recientes elecciones portuguesas del pasado 10M se han realizado a punto de cumplirse (el próximo 25 de abril) el cincuenta aniversario de lo que constituye el hecho más relevante del Portugal contemporáneo, bautizado en su día, hace ya medio siglo, como la revolución de los claveles. Se trata, sin duda, de la fecha más emblemática del calendario político portugués, a la que en vísperas de tan señalado aniversario resulta obligado hacer una breve referencia inicial ya que representa el hecho fundacional del sistema político democrático y constitucional que desde entonces ha regido en Portugal durante el último medio siglo. Es en este marco, establecido gracias al triunfo de una revolución tan singular como la que tuvo lugar un ya lejano, y a la vez cercano, 25 de abril de 1974, como ha sido posible realizar, a partir de esa fecha, elecciones democráticas en Portugal; las últimas, el pasado 10 de marzo.

Pero centrándonos en el tiempo presente, y más concretamente en estas elecciones del 10M, la primera consideración a realizar hace referencia al hecho, nada habitual, de que un Gobierno que goza de mayoría absoluta en la Asamblea de la República caiga de forma repentina cuando no se ha cubierto ni la mitad de la legislatura: veinte meses aproximadamente desde la formación del Gobierno Costa III (30/3/2022) hasta que anuncia su dimisión (noviembre 2023). Por otra parte, la caída de este gobierno no ha sido como consecuencia de una derrota parlamentaria, como suele ser lo más habitual, ni tampoco por la imposibilidad de aprobar los presupuestos, lo que también suele ser un motivo para la disolución de la cámara. Hay que recordar que esto último fue lo que dio lugar a la caída del anterior Gobierno Costa II (2019-2022) y la convocatoria de las elecciones anticipadas (30/01/2022) que otorgaron al Partido Socialista la mayoría absoluta con la que contaba hasta el 10M.

En esta ocasión, por el contrario, lo que ha dado lugar a las elecciones anticipadas ha sido el impacto de un caso de corrupción que, aunque de dimensiones limitadas y no afectando directamente al jefe del Gobierno (al menos por lo que se sabe hasta ahora), sí se ha considerado que repercute negativamente en su posición institucional; lo que ha impulsado al presidente de la República, Rebelo de Sousa, a disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones. Unas elecciones que han supuesto un cambio significativo en el escenario político portugués, en el que los principales actores políticos pasan a ocupar un lugar que difiere sustancialmente del que tenían hasta la fecha y, lo más importante, en el que las urnas han dibujado un mapa político que hace más problemática la articulación de mayorías políticas en la Asamblea de la República.

Hasta ahora, el respaldo parlamentario de este órgano venía garantizado por la mayoría absoluta conseguida por el Partido Socialista en las anteriores elecciones (2022), o bien por lo que en las precedentes (de 2015 y 2019) se ha conocido en el argot parlamentario portugués como la geringonça (en el lenguaje popular, sinónimo de artilugio, artefacto). Se hacía referencia con este término a la peculiar alianza, basada en acuerdos diferenciados, entre el Partido Socialista y las formaciones minoritarias de la izquierda, Bloco de Esquerda y Partido Comunista/Verdes. Con los problemas propios de una conjunción de fuerzas políticas como las reseñadas, esta fórmula –la geringonça– ha sido la que ha proporcionado a los sucesivos gobiernos entre 2015 y 2022 la mayoría parlamentaria suficiente para desarrollar su actividad.

Esta situación ha experimentado cambios sustanciales tras las recientes elecciones del 10 de marzo; no solo por el relevo en la jefatura del gobierno de Pedro Costa por Luis Montenegro, al frente del Partido Social Democrático (PSD) y la Alianza Democrática (AD), sino, sobre todo, porque los resultados electorales hacen muy problemática la conformación de una mayoría parlamentaria suficiente para garantizar la estabilidad y la continuidad del ejecutivo. Ello da lugar a una situación, bautizada ya en los medios portugueses como la bifana (en alusión al popular bocadillo portugués), caracterizada porque el nuevo gobierno se va a encontrar en una posición parecida a la del fiambre de un bocadillo, emparedado entre sus adversarios del PS y los disminuidos grupos de la izquierda, por un lado, y, por otro, de la Chega!, que irrumpe con fuerza en el escenario político portugués constituyendo la gran novedad de estas elecciones.

Merece especial atención el fenómeno que representa este último grupo –Chega! (Basta!)– de reciente formación (60.000 votos en 2019; 400.000 en 2022; 1.100.000 ahora) ya que es la expresión de una tendencia que no se circunscribe a Portugal sino que se extiende a varios países de la UE (y también en otras áreas: USA con Trump, Argentina con Milei, Brasil con Bolsonaro) en los que condiciona la política a seguir, en especial en algunas cuestiones clave (por ej. la inmigración, entre otras). Se trata de un fenómeno en expansión, que no puede decirse que sea pasajero y que está afectando a elementos estructurales de nuestros sistemas políticos, al que es preciso dedicarle la atención debida y que debe ser afrontado no solo en los correspondientes marcos estatales sino también en el marco supraestatal (en nuestro caso, en el de la UE), que es el ámbito en el que está planteada realmente esta cuestión.

No menor atención merece otro fenómeno, que también ha tenido su manifestación en las recientes elecciones portuguesas pero que es igualmente extensible al resto de la UE, como es el declive que vienen experimentando últimamente las formaciones políticas de la izquierda en las sucesivas citas con las urnas. Si bien no son las mismas las causas que originan este fenómeno en cada uno de los estados miembros de la UE, lo cierto es que sí se puede apreciar una tendencia general que apunta en esa dirección y que afecta, de una forma u otra, a la generalidad de las agrupaciones políticas de este signo. La proximidad de las elecciones europeas, dentro de tres meses, puede ser una buena oportunidad para abordar esta cuestión que, aparte las peculiaridades propias de cada país, es también común a toda la izquierda europea; como lo son igualmente los problemas comunes, no menos importantes que los particulares, que nos afectan como europeos más que como miembros de cada uno de los Estados que integran la UE.

Tras la designación por el presidente de la República, Rebelo de Sousa, del nuevo jefe del Ejecutivo, Luis Montenegro, al frente del partido (PSD) y la coalición (AD) ganadores el 10M, y el paso a la oposición de quienes durante casi una década (desde 2015) han gobernado, se abre un nuevo escenario político en Portugal cuya próxima evolución no resulta nada fácil prever. En primer lugar, por lo apretado de la victoria electoral de los ganadores –dos escaños (80-78) y menos de un 1% (28.8%-28.0%) es la diferencia que les separa del PS, principal formación política de la oposición– quedando muy lejos de la mayoría (116 escaños) en la Asamblea de la República, lo que supone un margen muy estrecho para desarrollar la acción de gobierno. Pero, sobre todo, por la incógnita que se cierne en torno a la actitud que va a mantener Chega!, que con 50 parlamentarios (más del 20% de los 230 escaños de la Asamblea) reclama tener un protagonismo, también en las tareas del ejecutivo, acorde con su representación parlamentaria, amenazando con impedir la acción del Gobierno en caso contrario.

Si se descarta la posibilidad de reeditar una nueva geringonça, que en este caso tendría que ser entre las formaciones de la derecha –AD y Chega!– opción que el nuevo jefe del ejecutivo ha rechazado expresamente, solo cabe aventurarse a probar una peculiar bifana (siguiendo el léxico portugués para la ocasión) que, dada la composición de la Asamblea de la República, no parece que pueda ofrecer muchas garantías sobre la continuidad del Gobierno ni de la Legislatura que acaba de comenzar. Existe también otra posibilidad, que no cabe descartar, como es que transcurridos los seis meses que la Constitución portuguesa establece como plazo para poder disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones, el presidente de la República opte el próximo otoño por esta alternativa como la vía más plausible, obligada por las circunstancias, para salir del impasse institucional que como consecuencia de los resultados electorales del 10M pudiera producirse en Portugal. Profesor