Una nueva denuncia salpica la imagen del presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández. Según el documento, el empresario agricultor organizaba actividades que se anunciaban como gratuitas en la Iglesia Evangélica Cristiana Bautista de El Fondillo, de la que es pastor, pero para las que, al final, supuestamente se cobraba.

Según recoge la denuncia, interpuesta este martes en la Fiscalía Provincial de Las Palmas, pendiente de ser admitida a trámite, se trataba de talleres de costura que se publicitaban como gratuitos y que, supuestamente, al finalizar la sesión, pedía a los participantes que abonaran 25 euros por persona.

Esta nueva denuncia se presenta de forma paralela por la misma persona que interpuso la inicial y que fue adelantada por este periódico. En ella apunta a otras presuntas actividades irregulares en relación con engaños y conflictos de intereses, que podrían ser consideradas como delitos de «malversación, estafa y robo», como expone el documento.

Hay que recordar que Hernández ya está siendo investigado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas por una causa en la que se intenta averiguar si cometió un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Todo ello debido a que, al parecer, tuvo a menores migrantes trabajando en una de sus fincas en Tafira de manera ilegal.
Campamentos
Además, se expone que Hernández, junto a su hija, organizaba campamentos para niños y niñas con subvenciones del Gobierno de Canarias en la iglesia de la que es pastor.

Para estas actividades se cobraba un importe de 75 euros el primer año por joven y 80 euros el segundo. Sin embargo, los participantes, supuestamente, desconocían que estos campamentos eran financiados por entidades públicas, como la consejería de Presidencia que, al parecer, concedió 30.000 euros en 2020 a la Asociación Oportunidades de Vida de la que Hernández es presidente para organizar proyectos con fines de interés social.

Según se especifica en el documento presentado ante la Fiscalía, cuando uno de los miembros de la asociación pidió las cuentas de la iglesia, estas se dieron «en menos de dos minutos, sin especificar ingresos y gastos, sin documentación alguna».

Además, desde la iglesia también se llevaban a cabo retiros de matrimonios que tenían un importe de 225 euros. Según la denuncia, la hija del investigado pasaba un registro de asistencia al final de la actividad.

Alquiler a familias vulnerables
La denuncia presentada este martes sostiene que el Gobierno de Canarias, a través de la asociación de la que Hernández es presidente, pagaba el alojamiento a familias vulnerables o en riesgo de exclusión social. Sin embargo, cuando estas personas tenían algún tipo de ingreso, la entidad, supuestamente, les hacía pagar «en dinero no declarado» una parte del alquiler.

Por otro lado, se aportan documentos de compras realizadas por la asociación. Según una de las trabajadoras de dicha entidad, se compraban alimentos que debían ser para personas vulnerables y que finalmente se destinaban a amistades que venían de visita a las islas, también para el consumo personal. Presuntamente, este presupuesto podría haber salido del dinero de las subvenciones.