Vivían en prostíbulos, dónde eran víctimas de explotación sexual y usadas como ‘camello’ para vender drogas. La Policía Nacional ha liberado en Málaga a 29 mujeres de una trama criminal que las sometían a un férreo control en clubes de alterne. La operación «Vagary» se ha saldado con 37 detenidos en varios municipios y burdeles por su presunta implicación en los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El entramado obligaba a las víctimas a prostituirse en condiciones abusivas, sometiéndolas a un sistema de sanciones económicas muy riguroso por supuestos incumplimientos de las condiciones internas de los clubes. Además las forzaba a vender droga entre los clientes.Se han hecho siete registros en prostíbulos y domicilios en Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Pizarra y Málaga. Hasta 261.670 euros en efectivo se han decomisado, junto a 30 gramos de MDMA, 15 gramos de cocaína, 114 dosis de vigorizantes sexuales, cinco vehículos de alta gama y una cartera de criptomonedas por valor de unos 100.000 euros. Se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias y propiedades por valor de 2.500.000 euros.

La investigación policial, llevada a cabo por agentes adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Málaga, se inició a partir de unas informaciones que apuntaban a la existencia de un grupo organizado que captaba mujeres de diferentes países. Aprovechaba la situación de vulnerabilidad de víctimas en sus zonas de origen para captarlas. Luego pasaba a explotarlas laboral y sexualmente en clubes de alterne del Valle del Guadalhorce.

Según las diligencias practicadas, las víctimas residían en los propios prostíbulos. Allí eran explotadas sexualmente en condiciones abusivas y estaban sujetas a una férrea disciplina. Los investigadores comprobaron que tenían que afrontar sanciones económicas ante supuestos incumplimientos de las medidas de régimen interno, en muchos casos relacionados con horarios «incumplidos» o las citas con los clientes.

Asimismo, las perjudicadas eran rotadas entre los clubes de la organización para evitar, especialmente, situaciones de confianza entre las trabajadoras y de estas mismas con los clientes habituales. Así minaban hasta sus relaciones personal, manteniéndolas aisladas y más vulnerables.

Los responsables de la organización utilizaban un complejo entramado societario, a partir del cual defraudaban dinero a las arcas públicas. La Policía Nacional explica que no pagaban, en algunos casos, la cuota de los trabajadores a la Seguridad Social y que, en otros, creaban altas ficticias de empleados. De este modo, las diferentes compañías bajo investigación habrían alcanzado una deuda con la Seguridad Social que rondaría el millón de euros.