El razonamiento de una magistrada para enviar a la cárcel a la cúpula de Coalición por Melilla (CPM) ha enervado a las defensas y también ha causado cierta en inquietud en algunos sectores de la judicatura. Los argumentos de la juez ya han motivado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los letrados urgen una inspección por considerar que están fuera de lugar y que en nada tienen que ver con los delitos que se imputan a los investigados. Hablan, incluso, de «discriminación por razón de etnia» y así lo alertan al órgano de Gobierno de los jueces.

La magistrada que investiga la presunta compra de votos en la ciudad autónoma entre otros delitos por parte de CPM entiende que, ante la gravedad de las penas a las que se enfrentan los investigados (entre 8 y 6 años de prisión), éstos pueden huir en «motos acuáticas y embarcaciones de recreo» a Marruecos «por su ascendencia marroquí» para eludir así la acción de la Justicia. «La situación geográfica de Melilla entorpece el control puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional y con medidas menos restrictivas. Por lo expuesto, medidas como la retirada del pasaporte español y la prohibición de salida del territorio nacional se consideran insuficientes», argumenta en el auto al que ha tenido acceso EL MUNDO.

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A renglón seguido, se pronuncia sobre la suposición de que los investigados puedan tener otras nacionalidades «basándose en los apellidos»: «Ostentan (los imputados) la nacionalidad española y arraigo en el país pero también lo es que lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino, pudiendo eludir los controles de salida del país mediante la presentación de la documentación extranjera».

«La interpretación se basa en una suposición por origen étnico o religioso y no por una realidad. En los autos no consta origen extranjero alguno. Son españoles que viven en España, no que tengan arraigo. Son españoles de origen», insisten los letrados ante el CGPJ. «Estamos ante una clara discriminación por razón de raza en las resoluciones de este órgano jurisdiccional, puesto que la población española de origen amazigh melillense (mayoritaria) podría estar siendo discriminada». Y concluye: «Se construye una suerte de derecho penal de autor, en el que la población española de origen amazigh tiene unas posibilidades infinitamente mayores de que se le apliquen medidas cautelares de prisión provisional que a otros españoles de otras etnias o religiones».

Las defensas ya han presentado sus recursos. El primero que estudiará la Audiencia es el del letrado Rachid Mohammed Hammu que, al margen de razonar por qué debe cesar la prisión provisional, se pregunta por el desconocimiento de la juez y abunda en sus apreciaciones sobre la procedencia de los investigados y la atribución a esa doble nacionalidad. El abogado del también caso Mediador ilustra que ninguno tiene pasaporte marroquí y que tienen arraigo en Melilla. «Como si su señoría conociese el árbol genealógico de los investigados, y atribuyendo a toda una comunidad (veladamente la musulmana, pues no todos los investigados tienen ascendencia marroquí y en este caso el elemento común es el religioso) la cualidad de infractores, desleales, casi de delincuentes, pues en España no se admite la doble nacionalidad».CRONOLOGÍA DE LA ENTRADA EN LAS DISTINTAS PRISIONES
Desde el martes 5 de marzo, en la cárcel de Melilla están los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar; y desde el miércoles 6 de marzo, en la de Granada Mohamed Ahmed y en la de Santander, el presidente de CPM y ex presidente de Melilla, Mustafa Aberchán. Todos ellos están imputados por un delito de organización criminal, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y prevaricación. Los recursos que se presenten gozarán de «tramitación preferente», dado que los aludidos están privados de libertad desde principios de mes.