Aún sin haber entrado en vigor, la ley antimigrante de Texas ha dejado más incertidumbre en el de por sí inestable hábitat de la frontera entre Estados Unidos y México. Un solitario soldado de la Guardia Nacional mexicana estaba sentado el jueves a la sombra de un árbol frente al río que separa los dos países. “Allá si se lo toman en serio…”, dijo el agente, quien no reveló su nombre por temor a represalias. “Aquí parece que les vale madres. Ni una vallita nos ponen”, añadió. En la ribera de enfrente, en Eagle Pass, cientos de metros de alambre de púas forman una espesa maleza metálica que protege un muro formado por contenedores apilados. Agentes de la ley, armados hasta los dientes, vigilan el río desde lo alto. Detrás de ellos hay un campo municipal. El sueño americano comienza en un campo de golf.

“La orden que tenemos es detener a los migrantes”, dice el guardia. “A veces no alcanzamos porque en dos segundos ya se aventaron al agua”, asegura. Al mediodía, el río Bravo es lo contrario. Cuesta creer que ahí han terminado tantas vidas. La presencia de una cruz blanca enterrada en el humedal parece querer cambiar la opinión de los escépticos. Tiene el nombre de Jesús Rubén de León Escamilla, quien murió ahogado en agosto del año pasado.

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Cientos de migrantes desbordan a la Patrulla Fronteriza en El Paso
Los cruces a Estados Unidos se hacen cuando el sol comienza a despuntar. “Le buscan y buscan un hueco por el alambre de púas hasta que le encuentran por donde”, asegura el soldado, quien lleva 24 años en Ciudad Acuña, en el Estado mexicano de Coahuila, y quien vigila desde enero el cruce de Piedas Negras, a unos 100 kilómetros al sureste de su base. Este se ha convertido en uno de los epicentros de la crisis migratoria de Estados Unidos, especialmente por las tensiones entre el Gobierno republicano de Texas y la Administración demócrata encabezada por Joe Biden.

Texas tiene unos 2.000 kilómetros de frontera con México, más de la mitad del total de la línea que el país comparte con su vecino. El Gobierno local ha hecho más que edificar un muro de contenedores, colocar kilómetros de alambre de púas y boyas sobre el río para frenar la ola migratoria. Las autoridades pretenden crear un enorme cerco legal con una de las leyes antimigrantes más duras del país en más de una década. Greg Abbott firmó la norma, conocida como Senate Bill 4 (SB4), en diciembre. Esta tuvo que haber entrado en vigencia el 5 de marzo, pero una ofensiva legal de organizaciones sociales y el Ejecutivo de Biden la frenaron.

La norma considera la entrada ilegal a Texas desde México como una ofensa que puede ser castigada con seis meses de prisión. La pena se endurece para los reincidentes, quienes podrían ser condenados de dos a veinte años de cárcel. La legislación permite a las agencias de seguridad locales pedir papeles y hacer aprehensiones en prácticamente cualquier sitio, con la excepción de escuelas, iglesias, hospitales y centros de salud. La revisión de documentos puede ser en cualquier condado, incluso a cientos de kilómetros de la frontera. El congresista David Spiller, uno de los autores de la ley, cree que el 95% de las detenciones se harán en una franja no más allá de 80 kilómetros del río.

Un grupo de migrantes intenta romper el alambre de concertina en El Paso, Texas, esta semana.
Un grupo de migrantes intenta romper el alambre de concertina en El Paso, Texas, esta semana.
JUSTIN HAMEL (REUTERS)
El aspecto más polémico de la norma es que pone en marcha un sistema donde los detenidos son llevados ante jueces estatales, quienes inician un trámite de expulsión a México sin importar si se trata de ciudadanos mexicanos o de otros países. El Gobierno mexicano ha rechazado la norma y ha asegurado esta semana que no aceptará ningún repatriado enviado por las autoridades de Texas.

Un juez federal frenó la entrada en vigor de la norma a inicios de marzo al considerar que viola las leyes federales. El togado aseguró que el Poder Ejecutivo mantiene una “completa discreción” sobre quien debe ser deportado. Texas recurrió la decisión, lo que elevó el caso al Quinto Circuito federal de Apelaciones. Esto a pesar de que el Supremo permitió que la ley estuviera vigente durante unas horas en un tira y afloja procesal.

Esta semana se llevaron a cabo los primeros argumentos orales ante el panel de apelaciones, ubicado en Nueva Orleans. “Me parece que es la primera vez que un Estado dice tener el derecho de expulsar inmigrantes ilegales. No es un poder que ha sido ejecutado por los Estados, ¿no?”, cuestionó la jueza Priscilla Richman al abogado de Texas, Aaron Nielson. Este aseguró que están en su derecho de defenderse y detener a la gente que viola las reglas en su territorio. “Texas ha decidido que somos el epicentro de esta crisis. Somos la primera línea de defensa y haremos algo al respecto”, aseguró Nielson vía remota.

Los integrantes del Quinto Circuito quisieron saber durante la audiencia cómo procedería Texas con un inmigrante ilegal que llega a Texas desde otro Estado o de Canadá. “Honestamente, le confieso que no lo sé”, admitió Nielson. La jueza Richman le hizo notar, además, que ninguna parte de la ley estipula que los agentes de la policía deben entregar los migrantes detenidos a las autoridades federales encargadas de inmigración. Solo uno de los jueces del panel se mostró en favor de dejar entrar en vigor la ley. Fue el juez Andrew Oldham, quien llegó al cargo nombrado por Donald Trump. La próxima audiencia se llevará a cabo el 2 de abril.

La norma parece destinada para llegar al Supremo, donde será evaluada por la mayoría conservadora que formó Trump en su Gobierno. “Yo creo que bajo ningún caso el Tribunal permitirá a Texas deportar personas, así que eso me parece que será anulado. Me parece imposible incluso para esta Corte”, señala Marshall Fritz, el director de Inmigración del colectivo Emerson, una organización progresista filantrópica. Sin embargo, el especialista contempla una posibilidad de que los jueces de derechas permitan a las autoridades tejanas presentar cargos contra los indocumentados. “Hace cinco años ni siquiera habría sido posible imaginarlo, pero hoy es una pregunta factible”, añade.

Donald Trump, durante una visita a la frontera, a finales de febrero.
Donald Trump, durante una visita a la frontera, a finales de febrero.
GO NAKAMURA (REUTERS)
La ley no ha dado certidumbre ni siquiera a quienes están de acuerdo con ella. “Es poco probable que los cambios se vean de la noche a la mañana”, aseguró Brad Coe, el sheriff del condado fronterizo de Kinney, que tiene unos 20 kilómetros de frontera con México. “Como en otros casos, nuestros agentes seguirán necesitando una causa probable o flagrancia antes de proceder”, aseguró el jefe del pequeño cuerpo de policía, conformado por 13 personas. Texas tiene 31 condados en la frontera. Los cuerpos policiacos de estas regiones apoyan la SB4, pero tienen poco interés de que sus organizaciones sumen la inmigración a sus tareas diarias cuando en la zona opera la Patrulla Fronteriza.

“Esto nos ha causado una montaña rusa de emociones”, asegura Araceli Martínez, del albergue Camino a Casa, de Piedras Negras. El sitio tiene espacio para 20 menores de edad, diez hombres y diez mujeres. Solo dos, de nacionalidad venezolana, tienen posibilidades de llegar a Estados Unidos en los próximos meses. Todos los demás serán repatriados a sus países de origen. Muchos migrantes llegan a esta ciudad porque en el camino escuchan que esta ciudad es más segura para hacer el cruce comparadas con otras urbes de la frontera. Aún así, Camino a Casa parece por fuera una prisión pintada con colores chillantes. Tiene altos muros coronados con concertina y grandes barrotes. Martínez asegura que los traficantes de personas, conocidos como polleros, han intentado ingresar para sacar menores. “Los chicos son dinero para ellos”, dice.

Hasta esta ciudad han llegado las noticias de la ley de Texas. En otro albergue de migrantes del centro, el hondureño Víctor Najar, de 22 años, afirma que prefiere esperar un poco a que se tranquilicen las aguas para reactivar su viaje al norte. Lleva en México desde febrero y dice que lo esperan unos tíos en Carolina del Norte. “Yo quiero cruzar, pero no quiero acabar en prisión”, asegura. Najar, originario de la zona Choluteca, ha iniciado los trámites para solicitar asilo en Estados Unidos, pero que estos se están demorando y a él ya “le pica” estar del otro lado para comenzar una nueva vida. De momento, las autoridades texanas han logrado su objetivo. Víctor se ha topado con el muro legal por puro miedo.