En Sopuerta (2.729 habitantes, Bizkaia) solo se habla estas últimas semanas de la apertura de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados (Menas) en el emblemático Palacio de Quintana. Se ha formado un revuelo vecinal sin precedentes en este municipio de las Encartaciones. Han recogido más de 2.000 firmas en el pueblo y los domingos se manifiestan por las calles para tratar de echar abajo el plan de la Diputación de Bizkaia de abrir un recurso social para atender a menores desprotegidos. “No es una cuestión de racismo”, explica Sergio, de 38 años, “no estamos en contra de estos menores, pero estamos preocupados porque el centro estaría sobredimensionado y pondría en riesgo el bienestar de los vecinos y de los propios menores”.

Todo comenzó, cuenta este vecino, cuando el Ayuntamiento de Sopuerta (alejado de Bilbao, a unos 30 kilómetros por carretera), gobernado por EH Bildu, publicó recientemente en Facebook que se iba a abrir un centro de menores extranjeros, un mensaje en las redes que desapareció pocos minutos después: “Hay gente que lo vio y esto corrió como la pólvora. Aquí los árboles tienen ojos y las farolas tienen oídos. Pedimos información al alcalde, en el Ayuntamiento y a la Diputación, pero nadie nos dice nada. Hay silencio administrativo y el oscurantismo es total”, afirma Sergio, conductor de autobuses y uno de los 11 vecinos que han formado un “equipo de trabajo” para analizar este asunto controvertido.

El consistorio elude hablar del tema y se acoge a que es un proyecto que promueve la Diputación vizcaína, cuyo departamento de Acción Social está en manos del PNV. Esta institución ha informado este lunes de que el centro acogerá a entre 9 y 30 adolescentes mayores de 14 años, según la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, quien no ha comunicado cuándo se abrirá, aunque los vecinos sugieren que la intención era ponerlo en marcha “de forma inminente”. Fuentes de la Diputación aseguran a este diario que ya han informado de todos los detalles al consistorio y recuerdan: “No se va a dejar en la calle a ningún niño en situación de desprotección, porque nuestra obligación es acogerlos y protegerlos. Su protección, además de un mandato legal, es una responsabilidad que asumimos desde una visión de defensa de los derechos humanos”.

El temor de los residentes de Sopuerta, según el testimonio de Sergio, es que este recurso social se convierta en “un macrocentro”, como ha sucedido en Amorebieta, donde “en un inmueble más pequeño que el de Sopuerta, con 45 plazas homologadas, viven 115 chavales”. El Palacio de Quintana, donde está previsto abrir la residencia para los menores, es un edificio señorial, de estilo clásico, ubicado en una parcela de 13.000 metros cuadrados en total. Acogió una residencia para 80 ancianos y desde hace 12 años se encuentra deshabitado y a la venta en el portal inmobiliario elidealista.es por 1,3 millones de euros. “Si extrapolamos los datos de otros centros similares, a Sopuerta podrían llegar algo más de 100 adolescentes de entre 13 y 17 años, comenta Sergio. “Sería como meter 13.000 menores en Bilbao o 129.000 en Madrid. Nuestra población aumentaría un 4%”, añade.

En Sopuerta hay censados 137 menores de entre 13 y 17 años. Sergio advierte de que la población de estas edades se duplicaría en un municipio “sin recursos” y calificado por la Diputación de Bizkaia como un núcleo de “vulnerabilidad media-alta”. Los vecinos, con la ayuda de abogados, han redactado un “informe de no idoneidad” para albergar el centro de menas: “No tenemos policía municipal, las comisarias más cercanas está a 15 minutos; el pediatra solo atiende dos días a la semana en horario reducido; no hay ambulancias de urgencias; no hay trenes, solo un autobús con tres servicios diarios a Bilbao en días laborables”.
La Diputación, expone este vecino, “no necesita este tipo de palacetes para montar un macrocentro de menores. Los expertos en integración recomiendan acogerlos en pisos pequeños, en grupos de unas 10 personas, como sucede en Gipuzkoa, porque las problemáticas que puedan surgir son más controlables”. Sergio apunta que residencias de estas características para menores extranjeros habilitados en localidades cercanas como Carranza y Arcentales “fueron una tragedia” y un foco de “continuos robos, ataques, problemas con chóferes de autobuses…”.

La Diputación defiende su iniciativa porque en las últimas semanas ha observado “un incremento en el número de estos niños sin referentes familiares que tensiona la red de recursos de protección” en residencias. “Dimensionamos la red y activamos recursos en función de las necesidades de cada momento, y este es uno de esos momentos”. Y añade en una nota remitida a este diario: “La sociedad vizcaína es tolerante, abierta y solidaria, como ha demostrado durante todos estos años. Estos dispositivos de acogida permiten ofrecerles el mejor contexto posible para adquirir herramientas con las que puedan desarrollar su vida en sociedad de forma autónoma, crítica y responsable”. Sergio opina que los habitantes han demostrado que Sopuerta es “un pueblo acogedor”, con un 7% de población de origen extranjero que está “perfectamente integrado entre nosotros”.

La Diputación apela “a la tranquilidad, la mesura y a no cargar a estos niños y niñas sin referentes familiares, con prejuicios ni estereotipos”, puesto que esto solo les genera “daño” y les coloca a “una situación de mayor vulnerabilidad”. En Euskadi hay censadas 320.000 personas de entre 15 y 29 años, de las que 66.600 nacieron en el extranjero (una cuarta parte en África).

Los vecinos han propuesto al consistorio que destine el palacete a abrir una biblioteca, un hogar para jubilados o un museo sobre las minas del entorno. Han presentado una queja ante la Comisión de Reclamaciones en materia de transparencia de la Diputación vizcaína por “falta de transparencia”. El penúltimo intento por paralizar el proyecto ha llegado de un ciudadano del municipio que está dispuesto a comprar la finca por un millón de euros. No se ha dado a conocer su identidad porque “quiere mantenerse en el anonimato”, asegura Sergio: “No es un farol, no es una fanfarrona. Ha puesto el dinero encima de la mesa, pero no ha recibido respuesta de la dueña” del Palacio de Quintana.

Una polémica de esta índole se suscitó a comienzos de 2023, aunque fue protagonizada por la clase política sin intervención de vecinos, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició los trámites para reconvertir una antigua clínica privada en desuso, ubicada en Vitoria, en un centro para refugiados con 350 plazas. Hubo un intercambio de acusaciones “racismo y xenofobia” entre dirigentes del PSOE y el PNV (estos dos partidos son socios en las principales instituciones vascas) que fue suavizándose con el tiempo y ha acabado desapareciendo, sobre todo después de que el Gobierno central ha transferido al vasco, a finales de febrero pasado, la competencia sobre las políticas de integración de inmigrantes.