Los distintos ministerios comprometidos con el cambio normativo necesario para hacer vinculante el reparto de los menores migrantes que llegan a Canarias siguen «trabajando de forma coordinada» en la búsqueda de la fórmula más adecuada, sin que sea previsible que la decisión se adopte de forma inmediata.

Pese a que este lunes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que confía en tener esta semana una respuesta del Gobierno estatal sobre las diferentes alternativas legales que el Ejecutivo canario ha propuesto para que la acogida de los menores migrantes no acompañados sea compartida por todas las comunidades autónomas, fuentes ministeriales matizaron poco después que de momento no hay novedades.

El pacto de legislatura que CC suscribió con el PSOE y que supuso el respaldo nacionalista a la investidura de Sánchez no fija ningún plazo para llevar a cabo los cambios normativos que se requieren para que la competencia de los menores extranjeros no recaiga en exclusiva en las comunidades a las que llegan.

Sin embargo, dada la gravedad de la situación, el compromiso adquirido posteriormente por el Ejecutivo central ratificado a comienzos de febrero durante la visita a Canarias de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego es que la fórmula quede definida a lo largo del primer trimestre del año, con el 31 de marzo como fecha tope.

Desde los ministerios implicados se mantiene ese compromiso temporal, con la voluntad de acortarlo todo lo que sea posible, pero recuerdan que se trata de una cuestión compleja que requiere unos tempos para garantizar su posterior eficacia y evitar lagunas legales que dificulten el objetivo de lograr un reparto justo de los menores por las diferentes comunidades autónomas.

El mensaje desde el Ejecutivo central es que se siguen estudiando las diferentes alternativas jurídicas que existen para cumplir el compromiso asumido por Pedro Sánchez como «asunto de máxima prioridad», sin que de momento haya un horizonte temporal concreto más allá de la fecha limite acordada del 31 de marzo.

La interlocución entre los Ejecutivos canario y estatal, la comprobación sobre el terreno de la situación con las visitas en el plazo de pocas semanas de las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y de Juventud e Infancia, Sira Rego. y la puesta en marcha de la Comisión Interministerial de Migraciones presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a modo de mando único, ponen de manifiesto que el Ejecutivo estatal «es perfectamente consciente de la situación que vive Canarias» y está poniendo todos los medios para solucionarla, según señalan las fuentes ministeriales.

Por su parte, el presidente Clavijo reiteró ayer ante los medios de comunicación que el tiempo apremia para solucionar el problema de los miles de niños y adolescentes que tiene a su cargo la comunidad autónoma, que en estos momentos ya son en torno a 5.500, por lo que requiere del Gobierno estatal que la respuesta sobre los cambios legales lleguen lo antes posible.

Canarias apuesta como opción preferente por el decreto ley, que resulta más ágil, pero acepta cualquiera de las otras tres fórmulas propuestas o cualquier otra que determinen los ministerios, siempre que el reparto sea vinculante jurídicamente y no quede al albur de la solidaridad.

«Esto es urgente, creemos que se tiene que atender con absoluta diligencia, porque son niños y niñas y lo importante para nosotros es el interés superior del menor», señaló. Clavijo recalcó que con un número tan elevado de menores resulta imposible prestarles toda la atención que es exigible en materias como la enseñanza del idioma o la escolarización.