La denuncia de una mujer víctima de trata en un Juzgado de Bilbao ha propiciado la caída de una organización criminal en Cataluña. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Bizkaia y la Policía Nacional de Barcelona en el marco de la operación ‘Joya-Aguyje’, se ha saldado con diez detenidos y la liberación de seis mujeres que estaban siendo explotadas en pisos prostíbulos de Manresa y Mollet del Vallés.

Según ha informado el instituto armado, una víctima que había estado sometida a esa organización criminal denunció los hechos en un juzgado de la capital vizcaína y el juez se inhibió en un juzgado de Manresa. De esta forma, comenzó la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia y se unió a la Policía para desmantelar la organización y liberar a las víctimas.

La banda criminal estaba liderada por un hombre de nacionalidad española y una mujer paraguaya, y confinaba a las víctimas en dos pisos de ambas localidades catalanas donde dormían hacinadas en condiciones de insalubridad. A los diez detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución, contra la salud pública, contra la integridad moral y organización criminal.

La banda criminal captaba a las víctimas en países de Sudamérica, principalmente Paraguay, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles unas condiciones de vida y laborales prometedoras. Otras mujeres eran captadas ya en España empleando el mismo modus operandi. La red delictiva sufragaba todos los gastos y trámites necesarios para que las victimas captadas en países extranjeros y en España, recayesen en los dos pisos prostíbulo a disposición de la organización.

Una vez se encontraban bajo el control físico de los miembros del entramado criminal, les retiraban sus teléfonos móviles y pasaportes, para posteriormente informarles de que habían contraído una deuda económica con la organización debiendo ser satisfecha con la ejecución de servicios sexuales. Para ello, debían de estar disponibles 24 horas al día sin descanso, aunque estuviesen indispuestas, para mantener relaciones sexuales sin protección, padecer violencia física si el cliente lo requería e incluso para ser grabadas. Las víctimas no disponían de libertad de movimiento, manteniendo la red criminal un control férreo sobre las mismas.

Obligadas a consumir droga
En ambos inmuebles se traficaba con sustancias estupefacientes y se obligaba a las víctimas a incentivar a los clientes para comprar cocaína y a consumirla ellas mismas, de manera forzada, si el servicio así lo demandaba.

La organización criminal mantenía una sólida jerarquía con un reparto de roles perfectamente definido en lo relacionado con la captación, traslado y explotación final. La dirección era compartida entre un español y una paraguaya. El resto de niveles de la organización obedecían las instrucciones de la dirección, haciendo especial hincapié en uno de los miembros encargado de captar a las víctimas, el cual aprovechaba sus conocimientos como agente de viajes para introducirlas inadvertidamente en territorio estatal.

Durante las entradas y registros realizados en las localidades de Gavá, Manresa y Mollet del Vallés fueron intervenidos más de 13.000 euros en efectivo, 18 teléfonos móviles, un ordenador, 300 gramos de cocaína, una prensa hidráulica empleada en la elaboración de sustancia estupefaciente y numerosa documentación relacionada con la explotación de las víctimas. Se han bloqueado 11 productos bancarios, tres vehículos y un inmueble.

En el momento de la liberación se clausuraron los pisos utilizados como prostíbulos donde eran explotadas, para después ser asistidas en total coordinación y colaboración por la ONG Fundació Apic-Acam, para atender las distintas necesidades que podían requerir cada una de ellas.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa y llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Bizkaia y la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Barcelona.