El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha calificado de “miserables” las declaraciones de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para que el Gobierno de España asuma los costes económicos del enterramiento de los migrantes que llegan muertos a las costas de este municipio y ha considerado que “no representan un esfuerzo económico para esta administración”. “Se trata de unas declaraciones, de tal inhumanidad, que no se corresponden con un servidor público” aseguró Pestana.

Bueno afirmó días atrás que no iba a asumir ningún enterramiento más “porque lo debe pagar el Gobierno de España”. “Sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona, porque no son uno, ni dos, ni tres…”, dijo bueno en declaraciones a Televisión Española.

“Son gastos que yo detraigo de los impuestos de mis vecinos. Ni siquiera el Gobierno central, por medio de la Delegación del Gobierno, se interesa por nada”, añadió.

Pestana ha añadido este martes que el coste en concepto de enterramientos de migrantes es de 13.000 euros, para una administración pública con un presupuesto de 48 millones de euros anuales. “Es una cuestión que no supone un esfuerzo económico importante para este municipio, y que todos los Ayuntamientos asumen de forma pacífica” expresó Pestana. “Da hasta vergüenza hablar de esto” expresó.

En este sentido, Pestana puso como ejemplo de solidaridad y asunción de responsabilidades, el Cabildo de El Hierro, “una administración pequeña, insular de la que hemos obtenido más colaboración en todos estos años, que la que se manifiesta a través del Ayuntamiento de Mogán”.

En cuanto a la retirada de las embarcaciones que se acumulan en los puertos canarios, Pestana ha informado que la delegación del Gobierno en Canarias asumirá la retirada de cayucos y pateras y los costes derivados de esta acción, unas labores que se han venido realizando con la colaboración de un organismo estatal.

Ha aclarado que la delegación contará con recursos propios para hacerlo de forma más rápida para retirar y destruir, sobre todo en las islas no capitalinas donde existen menos recursos para acumularlos“ ha añadido y ha aclarado que se trata de no obstaculizar el normal funcionamiento de un puerto como el de La Restinga, él más a sur de la isla.

El denominado reglamento de Política Sanitaria Mortuaria, que data de 1974, establece que deben ser los ayuntamientos quienes se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro del término municipal. Sin embargo, el gobierno moganero sostiene que las muertes de los migrantes se producen en alta mar y que, en consecuencia, debe ser el Gobierno central quien se haga cargo. 

Desde la Delegación del Gobierno de Canarias, en cambio, inciden en que es el juez o la jueza de guardia quien certifica la muerte de las personas migrantes y que lo hace en el muelle al que son trasladados. En el caso de Gran Canaria, el de Arguineguín. Las sepulturas son, por tanto, “competencia directa” de los ayuntamientos, subrayan, incluso en el caso de que los fallecidos tengan que ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de la capital para su autopsia.