La “angustia de la muerte inminente”, explica el abogado francés Frédéric Bibal, es “el sentimiento de pavor que experimenta la víctima que, entre el momento que ha sufrido el ataque o la agresión y el momento de su muerte, ha tenido conciencia del carácter ineluctable de su propio fin”. La de Bibal es una forma burocrática de describir el terror absoluto, la certeza de un final violento. En las audiencias por el caso Camargo, que deberían finalizar esta semana, ha sido difícil no pensar en ello. Esa angustia simboliza las dudas de un proceso histórico, pero también incompleto.

La semana pasada, el juez sentenció a 12 policías por el asesinato de 19 personas, la mayoría migrantes, en Camargo, en el norte de México, hace algo más de dos años y medio. Es una sentencia pionera, el primer caso de violencia homicida contra migrantes que acaba en condena en el país. En el horizonte figuran, como recordatorio, las matanzas impunes de San Fernando, unos cientos de kilómetros al sur, de hace algo más de diez años. Las condenas alivian pero no sanan. Las preguntas sobre otra docena de policías implicados, ignorados por las autoridades, y las dudas sobre cómo y por qué ocurrió la matanza, persisten.

Las fallas en la conexión a internet han aplazado el final del juicio, situación que se ha repetido varias veces en la recta final del proceso. La semana pasada, el juez suspendió la audiencia en que iba a leer su fallo porque no había señal en la cárcel. De los 12 policías señalados, el juez condenó finalmente a 10 por homicidio, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. A otra agente le añadió, además, falsedad en informes dados a una autoridad. Al último, el policía colaborador Ismael Vázquez, le dejó abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.

Este martes, la audiencia debía servir para que el juez decidiese las penas que impone a cada uno de los 12, pero las dificultades conectivas del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, han impedido avanzar demasiado. La fiscal ha tenido tiempo, eso sí, de plantearle al juez las penas que estima pertinentes para los condenados: 969 años de cárcel para los 10 primeros, 975 para la siguiente, y 19 para el policía Vázquez.

Para la mayoría, el cálculo se desglosa en 50 años, la pena máxima, medio siglo por cada uno de los 19 muertos, y otros 19 por los delitos menores. Extrañan los 19 años que la fiscal pide contra el policía arrepentido: sin él, la dependencia no tendría caso. Son, en todo caso, números de fantasía, cifras que sirven para calcular el tamaño del horror, pero poco más. El código penal de Tamaulipas establece que nadie puede pasar más de 50 años preso. La sesión se reanuda este miércoles.

Definir la angustia de la muerte inminente guarda una intención jurídica. Bibal empleó el concepto hace un par de años, en los juicios por los atentados de París, en noviembre de 2015, que dejaron 131 muertos. Eran los ataques de la sala Bataclan, el Stade de France, las terrazas… Él y su bufete se ocupaban de la “reparación de los daños corporales”, es decir, de determinar cuánto valía la vida y el sufrimiento de los que allí perecieron. También (el sufrimiento) de los que sobrevivieron. No es lo mismo morir en el acto que resultar herido y esperar el remate, mientras escuchas a los perpetradores, sus armas, sus palabras. Sobrevivas o no.

En el caso de Camargo no hubo supervivientes; 16 ciudadanos de Guatemala murieron asesinados, la mayoría del pueblo de Comitancillo, en la sierra sur del país centroamericano. También murieron un salvadoreño y dos mexicanos, supuestamente los traficantes. Es posible que más camionetas formaran parte del convoy de migrantes que trataba de llegar a la frontera. Así lo dicen varios testigos que vivían cerca del lugar de los hechos. En todo caso, si había más, siguieron su camino. Todos los que quedaron allí murieron a manos de policías. Primero les atacaron a balazos, luego remataron a los supervivientes y finalmente quemaron sus cuerpos.

Una de las preguntas que se hacían las familias al principio apunta precisamente al sufrimiento de los suyos. Si murieron de los balazos, o vivían todavía cuando empezó el fuego. Las autopsias relajaron la angustia: todos habían muerto cuando las llamas empezaron a consumir los cuerpos. Pero el asunto no acababa ahí. El policía arrepentido Vázquez señalaba que, después del primer ataque, su jefe, el comandante del grupo de operaciones especiales (GOPES) de la policía de Tamaulipas, Horacio Rocha Nambo, le ordenó que subiera a cuatro mujeres a la batea de uno de los dos vehículos que aparecieron en la escena del crimen. Allí, Vázquez vio cuerpos de hombres “todos amontonados. Unos estaban heridos y otros ya estaban muertos”.

Al menos la cuarta parte de los 19 asesinados vivían después del primer ataque, cuando los amontonaron en una camioneta, antes de rematarlos y prenderles fuego. ¿Qué pensaban? ¿Sabían que los iban a matar, que iban a quemar sus cuerpos, algunos hasta el punto de que sus huesos quedaron deshechos? ¿Sufrieron? ¿Sintieron angustia? Emmanuel Carrère, que siguió los juicios de París y citó al abogado Bibal en su libro sobre el proceso, V13, recordaba las palabras de Levinas, mientras escuchaba los testimonios de las víctimas: “En cuanto escrutas el rostro de un ser humano, es más difícil matarlo”.

¿Los perpetradores miraron a los ojos a los caídos, a los que aún vivían? El caso de Camargo ha sido tan delicado, dependía tanto del policía arrepentido, que pedirle que ampliara su declaración parecía casi una temeridad. Sus palabras constataban que el relato de sus 11 colegas era una mentira. No había espacio para cosas como esta. Pero las preguntas existen. Y apuntan sobre todo a una duda mayor: por qué lo hicieron.

En Comitancillo
En México, la reparación del daño a las víctimas se mide por condenado, calculando la cantidad que cada uno deberá pagar, a partir del daño causado. La petición de la Fiscalía de Tamaulipas y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas es que la cifra ascienda a 6,1 millones de pesos por policía, esto es, algo más de 73 millones de pesos, lo que tocaría a un reparto de unos 3,8 millones por cada familia. Unos 220.000 dólares. Es un cálculo hecho rápido: no está claro que el juez acepte esta cifra, o que se reparta por igual entre las familias.

De todas formas, cantidades así son importantes para vecinos de pueblos como Comitancillo, del que los jóvenes salen hacia el norte con botines de 1.000 o 1.500 dólares. En el cálculo va incluido el daño moral a las familias, aunque la Comisión de Atención a Víctimas o la Fiscalía aún no detallan cómo han calculado ese daño. En la sesión de este miércoles, la Fiscalía llamará a declarar a dos peritos, que al parecer detallaran la aritmética de la reparación.

A las montañas del sur de Guatemala, los acontecimientos de las últimas sesiones, la condena, la petición de penas, han llegado a las familias vía videoconferencia. Las reacciones de unos y otros son bien distintas. Álvaro Miranda, padre de Ósmar, muchacho que contaba 19 años a su muerte, dice: “Ya sabemos lo que es la sentencia, estamos esperando que digan cuánto le toca a cada uno. La duda era el motivo, de por qué los ejecutaron de esa manera. Y claro que no se ha despejado, no se sabe nada. Solo que los policías fueron los ejecutores. ¿Fue porque no se pagó? Nosotros sabemos que se paga a los de la mafia. Esa pregunta se la tenían que haber hecho a ellos, a los policías.

El dolor de Miranda, el enorme vacío de no saber, choca con la satisfacción de Ricardo García. Su hija, Santa Cristina, tenía 20 años cuando murió asesinada en Camargo. “No estoy satisfecho por la condena, porque de todos modos mi hija no va a regresar. Pero me siento feliz, orgulloso, porque se escuchó la voz de cada familia. Quiero que la historia no se vuelva a repetir”, ha dicho. “Hemos logrado un triunfo, no para mí, sino para el municipio, para el departamento de San Marcos, para Guatemala y otros países que cruzan la frontera. Lo que pasó con nuestros finados no tiene nombre. Eso me da alegría, de que hemos logrado la justicia con los 12 acusados. Nos sabemos cuantos años, pero están condenados, y van a pagar”.

García manda un mensaje de paz. “No es que me sienta alegre porque ellos vayan a estar en la cárcel, no. Pero me siento libre, orgulloso. Yo los perdono a ellos por quitarme la vida de mi hija. Sí, los perdono, soy humano, yo necesito del perdón también. Yo les perdono por quitarme la vida de mi hija. Les perdono a los 12. Pero ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Es un perdón que nace en mi corazón, pero al mismo tiempo ellos van a pagar por lo que hicieron”.