Nahel, de 17 años, es la decimoséptima persona muerta por disparos de un agente de policía francés por “negarse a obedecer” en los últimos 18 meses. Le dispararon a quemarropa y sin que aparentemente el agente que abrió fuego alegara defensa propia. Un vídeo de la escena se hizo inmediatamente viral en las redes sociales y en los medios de comunicación, desatando la indignación y la ira. Los responsables del gobierno, habitualmente rápidos en defender a las fuerzas del orden, condenaron inmediatamente un acto “inexcusable”. Y los tribunales dictaron inmediatamente prisión preventiva para el autor. Pero esto no ha bastado para restablecer la calma. Se están viviendo noches de disturbios en muchas ciudades francesas, con ayuntamientos incendiados, escuelas atacadas, coches quemados y tiendas saqueadas.

Para la mayoría de los franceses, estos acontecimientos recuerdan a los disturbios de 2005, cuando dos adolescentes perseguidos por la policía se refugiaron en una subestación eléctrica y murieron electrocutados. Siguieron tres semanas de violencia, que desembocaron en la instauración del estado de emergencia por primera vez en territorio francés desde la guerra de Argelia. Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior y que encarnaba una línea dura, exoneró inmediatamente a las fuerzas del orden. Y Dominique de Villepin, entonces primer ministro, vio truncadas sus esperanzas de suceder a Jacques Chirac en la Presidencia de la República: dos años más tarde, fue Nicolas Sarkozy quien fue elegido Jefe del Estado y prometió “limpiar” los barrios populares de los grandes suburbios urbanos.

18 años después, nada ha cambiado, si no que ha ido a peor. Los suburbios de las grandes ciudades siguen albergando barrios relegados donde el paro y la pobreza son endémicos. Las familias que pueden se marchan; a las que se quedan se les unen recién llegados aún más pobres. Un reciente estudio de Terra Nova demuestra, a partir de un análisis de las cuentas bancarias de miles de residentes en estos barrios, que el 80% de los individuos habían consumido el 80% de sus recursos el día 15 del mes. Los residentes más jóvenes tienen una relación envenenada con las instituciones. En la escuela, experimentan sobre todo el fracaso. En cuanto a la policía, no la ven como una fuerza protectora, sino como una institución hostil que realiza controles de identidad inútiles y los humilla.

La situación también ha empeorado para la policía. Las promesas de Nicolas Sarkozy sobre seguridad y su condena de la “policía de proximidad” han animado a los agentes a adoptar un enfoque autoritario de los problemas. Los propios sindicatos policiales han seguido radicalizándose y exigiendo más equipamiento ofensivo y más cobertura legal; en 2017, por ejemplo, la ley les dio mayor libertad para abrir fuego en caso de negativa a obedecer. En las misiones policiales, las estrategias de desescalada han dado paso a estrategias de confrontación directa que se han cobrado muchas víctimas en las filas de los manifestantes, en particular durante el movimiento de los chalecos amarillos. En 20 años, puede decirse que las relaciones entre la policía y los ciudadanos se han deteriorado profundamente, añadiendo una forma de ruptura cívica y política a una cuestión social incandescente.

Si la opinión pública sentirá compasión por las víctimas o condenará el desorden, es imposible decir en este momento. Pero es probable que la inclinación más fuerte vuelva a ser la del miedo. Si es así, estos acontecimientos inflarán las velas de la derecha radical: mientras Les Républicains vuelven a pedir la instauración del estado de emergencia, Eric Zemmour habla ya de revuelta de los “enclaves extranjeros” y los próximos a Marine Le Pen de “disturbios raciales”. Se culpa a “años de inmigración loca” y el debate se desplaza de las prácticas policiales y la integración a la gestión de las fronteras. Si el Gobierno sucumbiera a estas tensiones conservadoras, perpetuaría sin duda el círculo vicioso en el que nos encontramos desde hace más de veinte años y allanaría el camino a futuros disturbios.