La Corte de Apelación de Londres ha declarado ilegal el plan del Gobierno para deportar a Ruanda a los migrantes llegados a Reino Unido de manera irregular. El tribunal considera que Ruanda “no es un tercer país seguro”.

El tribunal ha aceptado el recurso presentado por varios solicitantes de asilo y organizaciones no gubernamentales contra un fallo de diciembre del Tribunal Superior que favorecía la política gubernamental.

El Ejecutivo británico firmó un acuerdo con Ruanda para que enviar y tramitar allí los casos de los “inmigrantes ilegales” a fin de reducir las llegadas en pequeños botes por el Canal de la Mancha, que separa Francia e Inglaterra.

Se prevé que la ministra del Interior, Suella Braverman, que comparecerá más tarde en la Cámara de los Comunes, recurra en los próximos días este dictamen ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial británica.

Gran Bretaña pagó a Ruanda 160 millones de euros en virtud del acuerdo alcanzado en abril de 2022. Reino Unido se vio obligado a cancelar el primer vuelo de deportación en el último momento, en junio, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminara que el plan conllevaba “un riesgo real de daño irreversible”.

El jefe de los jueces en Inglaterra y Gales, Ian Burnett, se encargó de leer públicamente un fallo que pone en cuestión la política migratoria del Gobierno, cuyo proyecto de ley de Inmigración ilegal tramita actualmente el Parlamento.

El dictamen, que apoyaron dos de tres jueces, supone que las deportaciones a Ruanda “son ilegales” hasta que el país africano “corrija las deficiencias de su proceso de asilo” a los estándares requeridos.

Burnett explicó que, de ese panel de tres magistrados, Geoffrey Vos y Nicholas Underhill concluyeron que las insuficiencias del sistema ruandés suponen un “riesgo real” de que las solicitudes de asilo no sean procesadas adecuadamente y los potenciales refugiados sean repatriados a sus países de origen, donde podrían afrontar tortura o persecución.

Sin embargo, él sí consideró válidas las garantías ofrecidas por el Gobierno y juzgó que Ruanda “es un país seguro”, una decisión minoritaria que abre una vía para el recurso gubernamental.

La Corte de Apelación subrayó que su decisión es meramente legal y “no implica una opinión sobre los méritos políticos de la política de Ruanda”, que es “un asunto del Gobierno, sobre el cual el tribunal no tiene nada que decir”.