En un fallo de consecuencias enormes para la educación pública y privada en Estados Unidos, la Corte Suprema de este país falló este jueves que «un estudiante debe ser tratado en base a sus experiencias como individuo, no en función de su raza». Esa frase supone el final de los programas de discriminación positiva, o acción afirmativa en jerga educativa norteamericana, que desde los años 60 del siglo XX han garantizado cupos a estudiantes de raza negra e hispana para compensar los daños de la discriminación racial.

Según este fallo, que revoluciona el sistema de ingreso en la universidad y que emana de demandas en la universidad privada de Harvard y pública de Carolina del Norte, estas «han concluido, erróneamente, que la identidad de una persona no son los desafíos superados, las habilidades adquiridas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel». El juez Roberts, presidente del Supremo, que en EE.UU. cumple funciones de constitucional, afirma en el fallo: «La historia constitucional no tolera esa decisión».

Las demandas están motivadas por algunos estudiantes, de raza blanca y también asiáticos, que consideran que las universidades no les tratan en igualdad de condiciones. El Supremo les da la razón sin reservas, ya que entiende que las universidades denunciadas «emplean siempre la raza de manera negativa, alientan estereotipos raciales y carecen de resultados significativos».

La decisión del Supremo sienta precedente y afectará prácticamente a todas las universidades e instituciones educativas en EE.UU. La discriminación positiva, mediante cupos, se aplica también en ofertas de empleo, sobre todo en el sector público, desde que se promulgaran leyes en el ámbito de los derechos civiles en los años 60.

La corte se ha enmendado además a sí misma, pues en dos veces falló recientemente a favor de mantener la discriminación positiva. La última ocasión fue en 2016, y lo que ha cambiado desde entonces es que Donald Trump nombró a tres de los jueces, garantizando una mayoría sólidamente conservadora. El juez Clarence Thomas, afroamericano y considerado conservador, apoyó a la mayoría, y recordó que la Constitución norteamericana «no distingue entre razas».

Disintieron los jueces progresistas, tres de nueve. Especialmente Sonia Sotomayor, latina, quien escribió en un voto particular que «la igualdad de oportunidades educativas es un prerrequisito para alcanzar la igualdad racial en la nación». Por su parte, Ketanji Brown Jackson, afroamericana, calificó el fallo de «tragedia». Esta magistrada, última en acceder a la corte, se abstuvo de participar en el caso de Harvard porque fue miembro del consejo de administración de ese universidad hace años.

Los defensores de la necesidad de mantener la discriminación positiva han alegado que es necesario facilitar el acceso a personas de raza negra e hispanos por el lastre acumulado de décadas de racismo y segregación, que han ido creando condiciones de pobreza y aislamiento que se mantienen por generaciones. Con menos acceso a caras escuelas de primaria y secundaria, los estudiantes de minorías raciales, alegan, compiten en desigualdad de condiciones a la hora de solicitar plazas en universidades prestigiosas.

El fallo es un éxito para un grupo llamado «Estudiantes por un acceso justo», que lleva años litigando para acabar con los cupos universitarios. Edward Blum, su fundador, representó a estudiantes blancos y asiáticos en el caso de Carolina del Norte y a estudiantes asiáticos en el de Harvard. Según un comunicado de Blum, enviado este jueves, «la jurisprudencia polarizante, estigmatizante e injusta que permitía a las universidades y colegios usar la raza y etnicidad de un estudiante como un factor para admitirlos o rechazarlos ha sido anulada».

Después del fallo, el presidente Joe Biden se ha dirigido a la nación desde la Casa Blanca, y ha manifestado su profundo desacuerdo. «Esta no es una Corte normal», ha dicho al ser preguntado por la prensa. Biden reaccionó del mismo modo, atacando al poder judicial, cuando el año pasado el Supremo acabó con un fallo previo que permitía el aborto a nivel federal hasta la viabilidad del feto.