El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha tumbado la política del Gobierno conservador del Reino Unido dirigida a extraditar refugiados irregulares a Ruanda al considerar que el país africano no es un destino seguro para solicitantes de asilo. El veredicto se acordó mayoritariamente, con el jefe de la Judicatura en contra, lo cual eleva las perspectivas de que la causa progrese hasta el Supremo.

El Ejecutivo británico dispone de un corto plazo de tiempo para tramitar ante la misma corte la solicitud para elevar el caso hasta el Supremo. El primer ministro, Rishi Sunak, expresó a media mañana su «desacuerdo fundamental con la conclusión» y confirmó su intención de prolongar la causa. «La política de este Gobierno es muy sencilla. Corresponde a este país decidir quién viene aquí, no a las bandas criminales, y haré lo que sea necesario para que esto suceda«, , declaró en un comunicado.

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De momento, es «ilegal» deportar a Ruanda inmigrantes llegados a Reino Unido en embarcaciones pequeñas a través del Canal de la Mancha u otras rutas no reguladas oficialmente. Los expulsados correrían un «riesgo real» de que sus derechos humanos fueran infringidos en el curso y resultado del procesamiento de sus solicitudes ante las autoridades Kigali, de acuerdo con la opinión de dos de los tres magistrados que escucharon el recurso de apelación en Londres.

La posición coincidente observa «deficiencias» en el sistema ruandés de asilo de forma que refugiados genuinos enviados por el Gobierno británico afrontarían el riesgo de ser devueltos a su país de origen, donde estarían sujetos a persecución o tratamiento inhumano. En este sentido, la corte acepta de «buena fe» diversas garantías sobre la disposición de Ruanda a reformar y mejorar el proceso, pero dos jueces llegan a la conclusión de no hay pruebas de que los «cambios necesarios» se introduzcan a tiempo del inicio de las deportaciones.

«Por tanto, enviar a alguien a Ruanda constituiría una violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos», declaró Lord Burnett de Maldon, jefe de los jueces de Inglaterra y Gales en su lectura del resumen de la sentencia pronunciada este jueves 29. Es el apartado de la Carta Magna referente a la «prohibición de la tortura» y señala que «nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

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Lord Burnett adoptó la posición divergente: acepta como sólidas las garantías del Ejecutivo ruandés sobre la reforma del sistema y reconoce la legalidad del procedimiento acordado con Londres para expulsar a Kigali a refugiados y migrantes que viajen a Reino Unido por rutas y medios no autorizados. El arreglo conlleva el adelanto de unos 140 millones de euros al Ejecutivo ruandés para correr con los gastos iniciales de la importación de solicitantes de asilo desde Inglaterra.

El polémico acuerdo de migración se firmó en abril de 2022 y el entonces primer ministro Boris Johnson aseguró que «salvaría un número incontable de vidas» y destruiría el negocio de las mafias de traficantes humanos. Para su sucesor, Rishi Sunak, la llamada política de Ruanda se ha convertido en símbolo y herramienta esencial en su promesa de «acabar con los botes» que cruzan casi a diario desde las costas de la Unión Europea.

Una orden del Alto Tribunal inglés dejó en tierra el primer vuelo con pasajeros «irregulares» que estaba a punto de despegar con destino a Kigali en junio del año pasado. La moratoria se ha reforzado con el veredicto de los tres jueces al recurso interpuesto por diez migrantes y la asociación Asylum Aid. La mayoría de los apelantes son nacionales sirios.