Anisa, de 22 años, llamó a la Asociación de Mujeres Pakistanís. “Primero lo hizo anónimamente”, explica Huma Jamshed, su presidenta, conocida por su compromiso contra el maltrato machista al que se ven sometidas muchas mujeres de su propia cultura. Le explicó que su padre la había llevado a Pakistán, la había intentado casar con su primo, y cuando ella se había negado, le había propinado una paliza sin que nadie mediase a su favor. “Si me dices quién eres, puedo ayudarte”, la convenció Huma. Y así fue como Anisa y su novio, el que ella quería como marido, pasaron cinco días escondidos en la asociación del barrio del Raval de Barcelona, a la espera de que alguien los pusiese a salvo.

La solución llegó de la mano de la Guardia Urbana de Barcelona. El sargento José Forca, especializado desde hace años en la lucha contra la trata de personas, recibió un aviso de los servicios sociales municipales. “Me dicen que hay una chica pakistaní que tiene problemas con su familia”, relata. Después de hablar con Huma, descubrió la situación: la joven de 22 años y su novio llevaban cinco días escondidos en la asociación y amenazados, con temor a las represalias de su propia comunidad. “Están en peligro, y no saben muy bien qué hacer, con la joven durmiendo en un sofá, él en otra habitación, y buscando una salida para ambos”, recuerda el sargento.

Anisa había intentado seguir con su vida de vuelta a Barcelona desde el fatídico viaje en 2021 a Pakistán cuando intentaron casarla. Hasta que no pudo más. Con un trabajo en un supermercado, y cierta independencia, primero se escondió 15 días en casa de una amiga. Volvió a casa convencida por su madre y su hermana cuando su padre se fue dos meses a Pakistán. Pero ante el regreso inminente de su progenitor, y enamorada de un joven que había dejado su trabajo en Dubai como operario de maquinaria pesada para reunirse con ella en Barcelona, buscó ayuda en la Asociación de Mujeres Pakistanís.

La entidad les abrió sus puertas y formalizó según sus propias tradiciones un matrimonio entre Anisa y su novio para evitar represalias de la propia comunidad por no estar casada. Y allí se quedaron, ocultos, con el temor de que alguien supiese su paradero y les atacase. “La unión genera controversia y amenazas en las redes sociales”, detalla Forca, que acudió a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, que cuenta con una traductora pakistaní que conoce de primera mano la realidad de los matrimonios forzados. Una entrevista bastó para corroborar el peligro que corrían los jóvenes.

Finalmente, un vehículo policial camuflado sacó a Anisa y su pareja de la entidad de manera discreta. “La llevamos a recoger su documentación en casa, aprovechando que el padre sigue fuera y que el hermano ya se ha ido a trabajar”, prosigue Forca. Después tomaron declaración formal a la joven y abrieron una investigación que constató que el padre es el presunto responsable de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. El pasado 21 de mayo, lo detuvieron y el juez decretó una orden de alejamiento de sus dos hijas y de su mujer, según una nota de prensa de la Policía Nacional difundida este martes. Además, los agentes le imputan un delito de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental por iniciar en marzo el proceso para traer a España al primo con el que habían intentado casar a la joven con unos certificados de matrimonio que ella niega haber firmado.

Anisa y su pareja están ahora en un piso de acogida del que no se facilita ningún dato para garantizar su protección. “Como mínimo, ayudamos a unas cuatro mujeres al mes”, resume Huma, sobre situaciones de matrimonios forzados en su comunidad. El sargento Forca constata un aumento de casos en los últimos dos años. “Es muy complicado, porque para ellas es una situación de doble vulnerabilidad, por lo que sufren y porque tienen que denunciar a su propia familia”, analiza, sobre un problema “cultural y religioso, con el patriarcado en su máxima expresión”. “Es importante que se haga algo contra este tipo de situaciones”, reclama Huma, sobre la necesidad de conciencia ante esa tradición. La policía recuerda que es un delito en el código penal español, perseguible incluso cuando pasa fuera de sus fronteras. Como ocurrió en el caso de dos hermanas de Terrassa asesinadas en Pakistán hace más de un año por negarse a casarse en contra de su voluntad.