Madrid.(EFE). – El Ministerio de Asuntos Exteriores
informó de que Malta ha aceptado repatriar a los inmigrantes
africanos que permanecen en el pesquero “Francisco y Catalina” siempre que la policía española logre determinar sus países de
origen.


El Gobierno envió hoy un inspector de la Policía Nacional y un
intérprete para intentar identificar la nacionalidad de los 51
inmigrantes rescatados de una patera el pasado viernes, día 14, por
el barco español mientras faenaba en las aguas internacionales que
separan Libia y Malta.


La mayoría de los náufragos procede de Eritrea, según comentó el
segundo patrón del pesquero, Bautista Molina Soler, quien avistó el
cayuco cuando iba a la deriva.


Las autoridades maltesas se negaron a acoger al grupo de
africanos al entender que el rescate se había producido en aguas de
Libia y que correspondía a este país encargarse de él, a pesar de
que La Valleta era el puerto más cercano.

La repatriación se llevaría a cabo en virtud de dos convenios
suscritos por España y Malta como miembros de la Organización
Marítima Internacional que obligan a prestar asistencia a barcos a
la deriva y a facilitar la entrega de sus ocupantes en lugar seguro.


La embajadora de España en Malta, Marta Vilardell, informó de que
se están examinando “varias vías” para solucionar el problema,
aunque precisó que Malta sigue rechazando el desembarco de los
inmigrantes hasta no conocer su origen.
Anunció además el envío de una nueva remesa de víveres al barco,
que permanece atracado a catorce millas de la costa maltesa.


Con el equipo policial se ha desplazado un médico para evaluar el
estado físico de los inmigrantes, de los que tres mujeres, una de
ellas embarazada de siete meses, continúan enfermas, según Molina
Soler.


El segundo patrón del barco, en declaraciones a Efe, defendió la
decisión de su tripulación de acudir en auxilio de los inmigrantes.
“No somos héroes, somos marineros, pero lo volveríamos a hacer, sin
ninguna duda”, dijo.
No obstante, lamentó el perjuicio económico que le está
ocasionando esta situación, que cifró en “alrededor de un millón y
pico de pesetas diarias”.

El conseller de Agricultura y Pesca de la Comunidad Valenciana,
Juan Cotino, anunció que la Generalitat compensará económicamente a
los pescadores del “Francisco y Catalina” por las pérdidas sufridas
y como agradecimiento de su labor humanitaria.
Molina Soler del barco destacó el buen comportamiento de los
náufragos, que – añadió – “están tan contentos que hasta nos han
escrito una carta en inglés agradeciéndonos que les hayamos salvado
la vida”.


La tripulación del “Francisco y Catalina” está compuesta por diez
miembros, cinco alicantinos y cinco gallegos.
Sus familiares aseguraron hoy sentirse “desesperados” por la
situación de sus allegados tras cinco días de incertidumbre.


Pepi Irles, esposa del patrón del barco, José Durá, residentes en
Santa Pola (Alicante), afirmó que los tripulantes “se sienten como
presos, como si hubieran cometido un delito, pero en el fondo están
contentos por haber rescatado a esas personas que estaban en un
estado lamentable”.
Irles indicó que el “Francisco y Catalina” está vigilado por una
patrullera maltesa “día y noche”.

Irene Maciá, esposa del cocinero de la embarcación, señaló que
antes eran los propios tripulantes los que daban ánimos a sus
familiares, pero ahora son estos los que deben hacerlo porque
“comienzan a estar decaídos, aunque dicen que lo volverían hacer”.


Distintas asociaciones del sector pesquero denunciaron hoy el
comportamiento de Malta por no prestar auxilio y lamentaron que la
UE no hubiera obligado al Ejecutivo maltés a actuar de forma
solidaria de acuerdo con el derecho marítimo internacional.


La sección española de Amnistía Internacional, en una carta
enviada al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino
León, mostró su preocupación por la situación humanitaria de los
inmigrantes rescatados y pidió que España y Malta garanticen el
acceso al derecho al asilo.


El secretario general de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), Enrique Santiago, lamentó que se estén
anteponiendo “los intereses económicos” a la labor humanitaria y
exigió el cumplimiento de los acuerdos internacionales.