Madrid – España envió ayer a Malta a dos funcionarios de policía para que
colaboren en las labores de identificación de los 51 expatriados de
Eritrea que rescató un barco pesquero español, el pasado viernes, en aguas
de Libia, cuando viajaban en una patera. Las autoridades maltesas se
niegan a darles permiso para desembarcar si, previamente, no se conoce la
identidad de los inmigrantes, con el fin de que puedan ser enviados a sus
lugares de origen, o al país en cuya jurisdicción fueron recogidos.
   La embajadora española en Malta, Marta Vilardel, confirmó ayer a Europa
Press que los dos policías llegarán hoy por la tarde y empezarán las
identificaciones a bordo mañana. La diplomática expresó su confianza en
que todos los subsaharianos puedan ser correctamente identificados. «Vamos
a esperar que se logre identificar al país de origen de los inmigrantes.
Los policías son realmente expertos en este tipo de trabajo», dijo. Según
Vilardel, «la tripulación y los inmigrantes están bien. Se les han ido
suministrando alimentos», precisó.
   Según fuentes
diplomáticas españolas, de acuerdo con el derecho marítimo internacional,
Malta tiene la obligación de acoger a los 51 africanos, aunque la
negociación se ha establecido «sobre la base jurídica de dos convenios de
organización marítima» del año 1986, ratificados por ambos países. Sin
embargo, en este momento, el país se encuentra saturado y, prácticamente,
no tiene capacidad para acoger a ninguno más.
   Por eso quiere
que se garantice su salida. De hecho, ayer, el pesquero no recibió el
segundo avituallamiento de alimentos y agua por mar, sino por aire,
mediante un helicóptero. El motivo, según las Fuerzas Armadas maltesas,
era que no disponían de ningún barco «porque están llegando a Malta más
pateras».
   La embarcación que recogió a los inmigrantes, así
como su patrón, José Durá, es del municipio alicantino de Santa Pola,
aunque el pesquero tiene su base en Carboneras (Almería). Al parecer, cada
vez son más los barcos que se niegan a socorrer a las pateras o cayucos,
por los inconvenientes que ello ocasiona.
   Sin embargo, existen
convenios internacionales que obligan a prestar ayuda. Pero ésta puede
proporcionarse de dos formas: como hizo el pesquero español o como lo
hicieron los italianos, «que se limitaron a avisar de que había una patera
a la deriva en un lugar determinado», señalaron las fuentes de Exteriores.
Ayer se desconocía el final de este suceso, aunque fuentes diplomáticas
españolas confían en que se resuelva en estos días. Si, finalmente, son
traídos a España, porque Malta y Libia no los aceptan, el trayecto durará
cinco días.
   En ese sentido, la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) y la Sección Española de Amnistía Internacional (AI)
pidieron ayer al Gobierno español que los acoja, si Malta no lo hace
pronto o no hay garantías de que al hacerlo vaya a respetar los derechos
humanos de estas personas. Así lo solicitó el presidente de (CEAR),
Ignacio Díaz de Águila, que lamentó «la pobre y lamentable» imagen que
está dando la Unión Europea al generarse un conflicto entre dos de sus
países miembros que discuten por quién acoge finalmente a estos
inmigrantes.
   Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Bernardino León, explicó ayer que las negociaciones y los
contactos con los gobiernos de Malta y Libia continuaban, de cara a poder
encontrar una solución en las próximas horas que permita que los
inmigrantes que se encuentran en el pesquero «Francisco y Catalina» puedan
desembarcar en uno de estos dos países. Al cierre de esta edición ninguno
de los dos países había accedido todavía a acoger a los inmigrantes. La
embarcación lleva consigo en situación extrema a 51 inmigrantes, de los
cuales 43 son hombres junto con ocho mujeres, dos de ellas embarazadas, y
un niño de corta edad.