HAY una modificación, cuando menos polémica y discutible, en el anteproyecto de reforma del Código Penal. Con el argumento de que la «contundencia» de expulsar a los inmigrantes ilegales que cometen delitos «se ha revelado poco eficaz en la lucha contra la delincuencia», el Gobierno quiere eliminar dicha «contundencia» y dejar que el juez actúe en cada caso sobre si debe o no expulsar a los inmigrantes sin papeles que hayan cometido delitos en nuestro país y sean condenados a penas inferiores a los seis años. Esta expulsión automática fue introducida por el Gobierno del Partido Popular en 2003. La reforma que ahora pretende el partido en el Gobierno supone una vuelta atrás, ya que su instrucción pretendía evitar lo que puede ocurrir si la reforma sale adelante: que muchos inmigrantes ilegales apliquen la picaresca de cometer pequeños delitos, de manera que sean detenidos y puedan quedarse en el país. Pero eso es sólo una parte del problema: saber que la comisión de un delito no supone la expulsión automática es incitar a muchos delincuentes a su comisión, quiérase o no, y deja una puerta abierta para quedarse que, no hace falta decirlo, es una de las peores y la que antes debería cerrarse. La tramitación parlamentaria puede todavía rectificar esta modificación que no se entiende, a no ser que estemos en la dinámica equivocada y radical de deshacer lo que otro Gobierno hizo, aunque esté bien hecho.La reforma tiene también puntos fuertes que era necesario abordar a la vista de cómo evoluciona la delincuencia organizada en España. El endurecimiento del castigo a la delincuencia profesional y organizada es una medida necesaria y obligada. En ese sentido, el Código Penal debe de adaptarse a las circunstancias de cada época para ser efectivo.