Amal Nakhleh, de 17 años y enfermo de myasthenia gravis, cumple un año en una prisión militar de Israel y las autoridades judías han decidido extender cuatro meses más su detención administrativa, según informó su padre. Las autoridades militares anunciaron el lunes que iban a discutir la opción de renovar o no la detención. Tras ese anuncio el padre del menor, el periodista Muamar Nakhle, aseguró que su hijo «ya no puede ni mover los labios, ni los ojos, ni sonreír, son síntomas de la enfermedad y estamos muy preocupados por su estado», según palabras que recogió la agencia AP.

La myasthenia gravis es una enfermedad neuromuscular que precisa tratamiento y visitas regulares al hospital, pero Amal lleva un año encerrado y ya han extendido en cuatro ocasiones su detención alegando «motivos de seguridad». El menor informó a la familia de su intención de iniciar una huelga de hambre si se extiende esta situación, lo que agravaría aun más su delicada situación.

Amal, refugiado del campo de Jalazun, fue detenido en enero de 2021 y hasta el momento desconoce los cargos en su contra. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, pidió a las autoridades israelíes «su liberación inmediata de la detención administrativa por dos razones: su condición médica, que es increíblemente grave … y es menor de edad«, según las declaraciones a la agencia AFP de la responsable de la organización en Cisjordania, Gwyn Lewis.

Este caso es uno de los cientos de casos de palestinos sometidos a este régimen que aplican los israelíes con los detenidos en los territorios ocupados, aunque no es tan habitual con los menores. Los militares encierran de manera sistemática a palestinos sin juicio ni acusación alegando, en la mayoría de casos, que planean cometer algún delito. En los últimos meses varios de los detenidos han realizado huelgas de hambre en señal de protesta. El último de ellos ha sido Hisham Abu Hawash, que ha permanecido 141 días en ayuno hasta forzar a los israelíes a pactar la no extensión de su detención administrativa más allá del 26 de febrero.

Israel también aplicó este mismo sistema con la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz, en prisión desde abril.