LUNES 20 de febrero, dos de la tarde. Del avión procedente de Canarias que aterriza en la terminal de carga del aeropuerto de Barajas descienden 36 subsaharianos, asaltantes de la valla unos, y otros supervivientes de la patera, todos inmigrantes ilegales, inexpulsables ¿a dónde? y no regularizables no cumplen los requisitos de la ley de Zapatero; 21 se quedan en la capital, el resto se reparte entre Baeza y Cuenca. Martes 21 de febrero; pasan las dos de la tarde; hoy en la aeronave procedente de las islas viajan 35 pasajeros, pero 20 no descienden, continúan camino hacia Cataluña, y el resto, de nuevo, es un «cargamento» para Madrid.

Jueves 23, el transporte aéreo trae a la capital 45 extranjeros. Viernes 24, hoy también se repiten las cuatro decenas del día anterior. Cuando aún no se ha terminado la jornada, la Comisaría General de Extranjería ya ha dado aviso a la Brigada de Madrid de que tengan celulares preparados para recoger los «envíos» del lunes 27 que se avisan la víspera con un fax.

Igual que la semana anterior cuando anunciaron la llegada para el lunes 13 de otros 30 inmigrantes seis quedarían detenidos en el CIE por comprobaciones con las embajadas; de los 23 del martes 14, porque el avión había hecho escala en Málaga, ciudad en donde había dejado a otra veintena; de los 32 del miércoles 15, de los que 12 saldrían posteriormente en autobús camino de Asturias; de los 46 que llegaron el jueves 16 y de los 28 que lo hicieron el viernes 17. Y así semana tras semana, día tras día.

Sin hueco en la ley

En 2005 llegaron a Madrid por este procedimiento 2.585 expatriados, la tercera parte de los que el Gobierno repartió por toda la Península. Porque lo que empezó siendo un oscuro método de urgencia para aliviar la presión insoportable de la inmigración ilegal en las ciudades fronterizas, y después fue «plan» puntual tras salir a la luz semejantes trasvases, ya es pura rutina. Un contradiós que obstinado golpea contra una realidad legal para la que estos hombres y mujeres no existen. Porque en estos «vuelos especiales», que nacieron hace más de tres años como los secretos «vuelos de la vergüenza», sólo viajan fantasmas a tenor del reglamento que regula la ley de Extranjería y que, de un plumazo, los dejó en el limbo al fijar requisitos que jamás podrán cumplir para obtener una residencia legal. Ninguno ha pasado control sanitario y la falta de higiene es tal que, tantas veces, como reconocen avergonzados los funcionarios que los acompañan, el trato con ellos se hace insoportable.

A los que proceden de la frontera de Ceuta o Melilla, los agentes que se encargan de su custodia y traslado han aprendido a reconocerlos «porque frente a los que descienden de los aviones llevando únicamente entre las manos una simple bolsa de plástico con agua y algo de comida, y que inequívocamente llegaron a España a bordo de una patera, ellos, los que saltaron la valla, llegan con algo de equipaje».

Pertenencias que no son más que producto del tiempo que llevan entre nosotros, después del internamiento en los centros para extranjeros de las ciudades autónomas, antes de emprender ese viaje con pasaporte a ninguna parte que ya en el gran Madrid los deposita en el comienzo de un nuevo peregrinaje con la única documentación posible de una orden de expulsión que jamás se ejecutará.

La historia de nunca acabar que detalla, con fecha del pasado 7 de diciembre, un documento de la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Madrid al comisario jefe de la Unidad Central Operativa Territorial (UCOT), al que ha tenido acceso este periódico, y en donde se pone al día a los responsables policiales sobre «los vuelos de la compañía Swiftair a la terminal de carga del aeródromo de Barajas, prácticamente diarios y con un pasaje de ilegales entre 45 y 60 personas por trayecto, y que siguiendo instrucciones de la Comisaría General de Extranjería son entregados a ACCEM, CEAR y Cruz Roja». Organizaciones no gubernamentales que se hacen cargo del segundo traslado de estos inmigrantes, desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en las instalaciones de la antigua cárcel de Carabanchel, hasta albergues, «en autocares particulares». «Igualmente se participa que se tiene conocimiento abunda el comunicado de que estos ciudadanos son reseñados en los CIE de las plantillas de las islas Canarias, siendo trasladados a la Península una vez cumplido entre 37 y 40 días de internamiento y cuando todas las gestiones han resultado infructuosas para poder documentarlos y llevar a efecto su expulsión del territorio nacional».

Hospedados en albergues

«La Cruz Roja Española traslada a estas personas a un local existente en la Casa de Campo de Madrid, para hospedarlos en el albergue de Simancas, donde permanecen un máximo de tres meses, tiempo en el cual la Cruz Roja, si confirma que tienen un familiar en España, les compra un billete de autobús para su traslado al lugar familiar; finalizado el periodo trimestral, si no encuentran familia deben abandonar el albergue, teniendo conocimiento de que en muchos casos estos ciudadanos subsaharianos se dirigen a Francia o Bélgica por sus propios medios». Lo que convierte a los «vuelos especiales» en una lanzadera para exportar inmigrantes ilegales hacia el mismo corazón de Europa.

Otros se reparten por la geografía nacional siendo Madrid uno de los principales puntos de distribución oficial. Así, entre el 7 de febrero y el 7 de diciembre de 2005, y según la documentación de que dispone el Ministerio del Interior, a Castilla-La Mancha se mandaron 343, a Cantabria 19, 123 a Asturias, 32 a Extremadura, 12 a Galicia, 5 a Navarra, 39 a Cataluña, 44 a Castilla-León, 10 a Aragón, 48 a Valencia, 9 al País Vasco, 65 a Andalucía y 3 a La Rioja. El resto hasta los 2.463 contabilizados en aquel periodo, 1.711, no salieron de Madrid, al menos en los tres meses en los que las ONG les proporcionaron enseñanza del español, cama y mantel.