El Gobierno se despidió ayer de la I Conferencia Euroafricana de Inmigración con una promesa: estudiar si concede permisos extraordinarios de residencia o trabajo a los miles de subsaharinos irregulares llegados a territorio nacional y que pasados los 40 días de internamiento quedan en libertad pero en situación de clandestinidad por no poder ser expulsados.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, quien ayer presidió la sesión final de la cumbre de Rabat en la que se han dado cita 57 países de las dos orillas del Mediterráneo, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a «estudiar» esta posibilidad en el «futuro», habida cuenta de que millares de extracomunitarios se encuentran en una «situación indefinida», tal y como definió Caldera el ’limbo legal´ en el que se hallan estas personas a las que se permite quedarse (muchas veces trasladadas a la península) pero sin ningún tipo de ’papeles´.

Nadie en la delegación española supo precisar a cuántos inmigrantes afectaría esta nueva regularización si se llevase a cabo. Las únicas cifras disponibles son las facilitadas por el Gobierno en la reunión de Rabat sobre la llegada de ’sin papeles´ a las islas canarias: 11.155 subsaharianos en el primer semestre del año, la mayoría senegaleses, mauritanos, malienses, cameruneses, nigerianos y caboverdianos. Precisamente, el pasado 20 de junio el pleno del Senado, por unanimidad, aprobó una moción propuesta por Entesa Catalana del Progrés en la que se instaba al Ejecutivo a regularizar, de manera extraordinaria y aunque fuera temporalmente, a esos subsaharianos. Fuentes de la delegación española precisaron que este tipo de concesiones de permisos extraordinarios están recogidas en la disposición adicional primera del reglamento de la Ley de Extranjería, que faculta al Consejo de Ministros (de manera general) y la Secretaría de Estado para la Inmigración (casos individuales) a dar luz verde a estas legalizaciones.

Centros en África

Caldera también anunció la voluntad del Ejecutivo de costear en los países de origen africanos centros para la acogida de los inmigrantes repatriados, siempre que las autoridades de esos países admitan la devolución de sus ciudadanos clandestinos.

Por ahora, el Ejército español y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) han puesto en marcha y mantienen un solo centro de estas características en el puerto de Nuabidou (Mauritania), abierto este mismo año después de que las autoridades de Nouakchot admitieran las deportación de un pequeño contingente y la aportación de una patrullera de la Guardia Civil para frenar las oleadas de cayucos.

El presidente de canario, Adán Martín, el único no representante de un gobierno central que intervino en la sesión de clausura ante el plenario, mostró su respaldo a la batería de medidas acordadas en Rabat, pero reclamó a todos los países presentes inmediatez en ponerlas en marcha. «Estas iniciativas han de implementarse rápidamente», dijo. Sus reclamaciones parecieron tener eco. La UE informó a Martín que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) comenzará su despliegue en las islas el próximo 18 de julio.