El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, pidió ayer que se endurezca la ley de Extranjería y los controles en la llegada a España de inmigrantes para prevenir el terrorismo islamista. Hernando rompió con su polémica propuesta la línea de discursos protocolarios e institucionales que habían pronunciado minutos antes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el ministro del Interior, José Antonio Alonso, con motivo del acto inaugural de la Conferencia Internacional sobre Terrorismo y Seguridad, que comenzó ayer en Madrid.

El presidente del Supremo pronunció su discurso en la sede del CGPJ ante los 25 fiscales, magistrados y altos cargos policiales y de inteligencia de unos quince países de Europa, América, Asia y África que participarán este fin de semana en la conferencia organizada por el juez Baltasar Garzón y la Universidad de Nueva York.

Hernando, en la parte final de su discurso, defendió la tesis de que no es suficiente la «pura acción penal» contra el terrorismo islamista y que «merece respuestas de otros sectores del ordenamiento jurídico» para prevenir la comisión de atentados. El responsable del Poder Judicial indicó que, «a la luz de las nuevas expresiones del fenómeno terrorista», habría que «repensar» el derecho de Extranjería, «con su concreción práctica en las autorizaciones de estancia y residencia, el mismo derecho de reagrupación familiar, o también las medidas personales individualizadas sobre algunos inmigrantes».

«Nuevas vías de acción»

El representante del máximo órgano de gobierno de los jueces indicó que son varios los países que «están explorando nuevas vías de acción de sus respectivas administraciones sobre aquellos caldos de cultivo que (el terrorismo) necesita para desarrollarse». Entre las medidas a tomar, considera que también habría que pensar sobre «las mejores maneras de conciliar algunos derechos fundamentales esenciales de la persona, como determinadas expresiones externas de libertad religiosa, con la seguridad de los demás».

Conde-Pumpido y Alonso centraron sus discursos en el convencimiento de que la lucha contra el terrorismo, tanto sea el de ETA como el internacional, debe basarse siempre y únicamente en el Estado de Derecho y la democracia y que para lograr una eficacia alta contra esta lacra es necesario profundizar la coordinación judicial, policial y de inteligencia entre todos los países.

Alonso recalcó, en este sentido, los cambios de estrategia que supusieron los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid para el departamento de Interior, lo que ha conllevado que en los dos últimos años se haya multiplicado por seis el número de efectivos encargados de combatir el terrorismo islamista. El ministro insistió en la idea de luchar contra estas organizaciones «sin complejos, con preocupación», aunque anteponiendo los valores democráticos y los Derechos Humanos.