El Gobierno ha desplegado un grupo de trabajo para retomar las devoluciones de los cientos de menores marroquíes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de mediados de mayo. Los ministros implicados han tenido ya varias reuniones para tratar el asunto, pero se ha decidido crear un grupo interministerial para coordinar y establecer, esta vez sí, un protocolo de reagrupación de menores que cumpla la ley.

El grupo trabaja ahora para enmendar los errores e irregularidades que se cometieron cuando a mitad de agosto el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno de Ceuta y el Gobierno de la ciudad autónoma intentaron retornar a cientos de adolescentes sin atender a las exigencias de la ley. El plan les sirvió para cruzar al otro lado de la frontera a 55 menores, pero lo paralizó la justicia y provocó un aluvión de críticas de las ONG, el Defensor del Pueblo y hasta la Fiscalía.

El proceso de reagrupación, si no hay incidencias, puede resolverse en dos meses, aunque puede alargarse un máximo de seis. A pesar de la coordinación y la voluntad declarada del Gobierno de sacar a los menores de Ceuta, las dos fuentes consultadas, conocedoras de estos trabajos, asumen que es muy probable que las repatriaciones sean mínimas, si es que logran ejecutar alguna.

El equipo de trabajo, formado por perfiles más técnicos o personal de confianza de cada ministerio, ya se ha reunido dos veces en lo que va de septiembre. Lo integran Justicia, Exteriores, Interior, Migraciones, Política Territorial y Educación y está coordinado por Presidencia. También habrá un representante de la Fiscalía. Hay, sin embargo, una ausencia llamativa. El ministerio de Derechos Sociales, con competencias en Infancia y que se opuso al modo en que Interior planteó la devolución de los menores, no ha sido invitado a ninguno de los encuentros. La decisión de excluir al único ministerio de Podemos con cierta competencia en la materia generó malestar en el socio de Gobierno.

Guía detallada
Uno de los principales frutos de este trabajo conjunto ha sido la elaboración de una guía detallada en la que quedan claros cuáles son todos los trámites a cumplir —y que se ignoraron en agosto— para reagrupar a un menor extranjero en su país de origen. Este protocolo, que puede parecer obvio, es una novedad. A pesar de que España cuenta con un acuerdo con Marruecos para este fin desde 2012, las pocas veces que se ha producido una reagrupación nunca se han cumplido cada una de las etapas y garantías que exige la legislación.

Este documento, que firma Justicia pero que tiene aportaciones de otros departamentos, establece, por ejemplo, las obligaciones de la Delegación de Gobierno al iniciar un procedimiento de repatriación. Entre otras cosas, debe pedir informes al país de origen del menor para conocer sus circunstancias familiares, así como a la entidad que lo acoge para evaluar su vulnerabilidad. También se deja claro que el niño tiene derecho a ser escuchado y a estar representado, sea por la entidad que lo tutela o por un abogado. Queda definido también el papel de la Fiscalía que debe emitir un informe a favor o en contra del retorno del niño tras recibir los informes correspondientes. La Delegación del Gobierno será quién resolverá finalmente qué conviene al niño, pero no sin antes dar audiencia al menor y permitirle manifestar lo que considere oportuno. Ninguno de estos trámites se cumplió en agosto.

Para volver a abordar ahora la reagrupación de los entre 500 y 700 niños y adolescentes que hay en Ceuta, entre la calle y los centros de acogida, el Gobierno ha asumido que necesita refuerzos que ya están en marcha. Fue la promesa del presidente Pedro Sánchez al presidente ceutí Juan Jesús Vivas cuando, tras el escándalo de los primeros retornos, le aseguró que activaría “cuantos recursos estén al alcance del Estado” para devolver a los niños.

El procedimiento es exigente y requiere medios materiales y humanos. En el grupo de trabajo se ha planteado ya la incorporación de tres nuevos fiscales y un número indeterminado de jueces que ayudarán en el nombramiento de defensores judiciales de los menores que se opongan a su retorno. Además, 12 funcionarios trabajarán para la Delegación de Gobierno de Ceuta para instruir los expedientes. Educación, por su parte, contempla la contratación de 47 profesores y una veintena de trabajadores de apoyo para que cerca de 500 chavales puedan iniciar el curso, o prepararse para cursar FP. Por su parte, la ciudad autónoma contará con 20 nuevos trabajadores sociales y ocho intérpretes de dariya, variedad dialectal del árabe en Marruecos.