Fernando Rodríguez Rey, de 55 años, tiene el corazón en León, la familia en Barcelona y el despacho en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Madrid. Es el hombre que coordina la actuación de todos los fiscales españoles especializados en delitos de odio y discriminación, unos delitos que no dejan de crecer, aunque, como dice, de forma “sostenida, no pronunciada”. Preocupa especialmente el aumento (y la violencia) de las agresiones homófobas.

Pregunta. ¿No le choca que España, que ha abanderado la protección de derechos del colectivo LGTBI, experimente un aumento de las agresiones a ese colectivo?

Respuesta. Aunque el primer motivo de delitos de odio sigue siendo el racismo y la xenofobia, el segundo es la orientación sexual y la identidad de género. Las agresiones han crecido, es una tendencia de los últimos años que resulta contradictoria, sí.
P. ¿Qué está pasando?

R. Nuestra sociedad es cada vez más compleja y diversa: hay más población migrante, de orígenes dispares, con rasgos faciales distintos; las orientaciones sexuales son diversas, hay personas que cambian su identidad de género… Y una parte de la población, yo creo que minoritaria, percibe ese mundo cambiante como una amenaza. Aunque la sociedad española es mayoritariamente tolerante.

P. La Policía alerta de acciones violentas y en grupo.

R. Es preocupante. En los delitos contra la libertad sexual y los delitos de odio es cierto que estamos encontrando hechos de especial gravedad protagonizados por jóvenes que actúan en grupo. Todos —padres, educadores, instituciones— debemos reflexionar para saber por qué no se han interiorizado los valores de igualdad y respeto al diferente.

P. Y, aun así, no se denuncia todo lo que ocurre en la calle.

R. La infradenuncia en este ámbito está constatada en toda Europa y, según la Agencia de los Derechos Humanos de la UE, está entre el 80% y el 90%.

P. ¿Por qué ocurre?

R. Por el desconocimiento de la víctima, aunque eso cada vez se da menos. Por el miedo a represalias o a revelar la propia condición personal por la que uno ha sido discriminado. Y también por la desconfianza en las instituciones o en que la denuncia vaya a dar lugar a una respuesta adecuada.

P. ¿Qué debe hacer la Fiscalía?

“Una parte de la población percibe el mundo cambiante como una amenaza”
R. Generar confianza en la víctima, conocer mejor su realidad, facilitarle el acceso a comisaría y puntos de atención.

P. ¿Hay rasgos comunes en el perfil del agresor?

R. El perfil mayoritario es el de un hombre joven, de entre 18 y 35 años, de nacionalidad española. Curiosamente, coincide con el perfil mayoritario de la víctima.

P. Algunos grupos tratan de culpar de las agresiones a extranjeros.

R. No es algo que se corresponda con la realidad de los datos que tenemos.

P. ¿El auge de la extrema derecha está detrás del aumento de los delitos de odio?

R. No hablaré de partidos políticos ni ideologías. Pero es cierto que el discurso del odio es la antesala del delito de odio, genera un clima que favorece pasar de la palabra a la acción. Constato una polarización y radicalización de las posiciones en el debate ciudadano y político. Es en ese contexto en el que se producen estas conductas.

P. Hay quienes creen que el delito de odio colisiona a menudo con la libertad de expresión.

“El perfil del agresor es el de un hombre joven, de entre 18 y 35 años, y español”
R. La respuesta penal debe reservarse para los supuestos claros en los que se extralimita la libertad de expresión y se incita al odio o a la discriminación. Dicho esto, el grueso de delitos nada tienen que ver con la libertad de expresión: son agresiones y vejaciones directas a personas por motivos discriminatorios.

P. El caso de Malasaña, en el que un chico denunció falsamente una grave agresión homófoba, ¿afecta a la lucha contra los delitos de odio?

R. No debería. Una denuncia falsa no puede ocultar una realidad incuestionable. Pero es deseable más sosiego y moderación, y menos inmediatez, en el debate político y en el tratamiento de los medios.

P. ¿Ocurre a menudo?

R. No manejamos datos de denuncias falsas, pero no tengo conocimiento de ningún otro caso. Todas las denuncias se investigan con rigor. Pero hay que hacer pedagogía sobre las exigencias del proceso penal. Debe quedar acreditada la motivación discriminatoria, y eso muchas veces no es fácil.

P. ¿En qué criterios se basan?

R. Hay que analizar todas las circunstancias. Si había o no relación entre los implicados. La ausencia de un motivo previo. El desarrollo del incidente. Si el agresor pertenece a determinado grupo violento. Si la víctima es miembro de un colectivo vulnerable. También son importantes las verbalizaciones que se hacen antes, durante y después de la agresión.

P. La Fiscalía dice que los delitos de odio son una prioridad. ¿En qué se nota?

“Una denuncia falsa no oculta una realidad incuestionable”
R. Son una prioridad porque la sociedad así nos lo está pidiendo. Disponemos de una especialización desde 2012 y contamos con fiscales en toda España, que dirigen los procedimientos y son informados por la Policía desde el primer momento en que se produce un hecho.

P. No parece que ese esfuerzo se haya concretado en una disminución de las denuncias.

R. El aumento de las cifras tiene una lectura positiva, y es que los afectados cada vez son más conscientes de sus derechos y se animan a denunciar. Pero la clave es que ningún problema social se resuelve solo con el derecho penal. Hay que interiorizar de verdad los valores de igualdad y de no discriminación.

P. El Código Penal ha sido objeto de sucesivas reformas.

R. La realidad es cambiante. Históricamente, los delitos de odio estaban ligados al racismo. Se han ido incorporando nuevas realidades y motivos discriminatorios. Como la aporofobia, la fobia al pobre, o la discriminación por enfermedad o discapacidad. Tal vez habría que plantearse si, como reclaman algunas entidades, es oportuno añadir una frase que aluda a cualquier otro motivo análogo.

P. En caso de condena, ¿cuál es la actuación de la Fiscalía?

R. Para delitos especialmente graves, como homicidios, solicitamos penas de prisión de obligado cumplimiento. Si la pena es de corta duración, la Fiscalía apuesta por suspender el cumplimiento de la pena con la condición de que esas personas se sometan a un curso de reeducación en materia de igualdad. Que comprendan la génesis del odio, los prejuicios en los que se basa su comportamiento y el grave daño que hacen a las víctimas… y a ellos mismos.