Los africanos llaman ‘hotel’ a los centros de internamiento canarios y saben que, tras 40 días de estancia, serán trasladados a la Península LAS PALMAS – Abú Sylla vino a Las Palmas de Gran Canaria a finales de 2002, desde Guinea – Conakry, como tripulante de un barco pesquero de su país, el Boulbinet, junto a 16 compatriotas más. Su sueldo era de 100 euros, «un dinero escaso para mantener a la familia».

Entonces le salió la oportunidad de trabajar en España para la compañía naviera L Belle Shipping, que le prometió 1.500 euros a cambio de trabajar a bordo del barco Eden, de bandera panameña. A la hora de firmar el contrato, el representante de la naviera, Nicasio Perdomo Santana, rebajó el importe prometido a 1.000 euros.

«Me engañaron, pero era mucho más de lo que ganaba en mi país, por eso acepté sin problemas», cuenta.

Se da la circunstancia de que el representante fue enviado a prisión en octubre de 2005, después de que la policía abordara un carguero de su propiedad, el Ivy 1, que cubría una línea entre América, Africa y Europa, con 3.000 kilos de cocaína.

Todo transcurrió con normalidad hasta que, en julio de 2003, Abú sufrió un accidente por el que tuvo que ser hospitalizado. «Aquí descubrí que me habían engañado, que mi contrato no había significado mi regularización como trabajador extranjero y que me habían registrado con otro nombre», denuncia.

«Mi jefe me dijo: ‘Cállate, que tú y yo arreglamos esto’. Y después de 10 días en el hospital, me dieron el alta».

Sin embargo, Abú Sylla continuó trabajando para la misma empresa. «Me hacía falta el dinero». Y hasta noviembre de 2005 no denunció los hechos, después de que lo despidieran: «He decidido denunciar lo que me han hecho, ya que la mayoría de los contratos que hace esta compañía son iguales al mío. Nos engañan y luego, cuando no somos necesarios, nos tiran a la calle».

Su amigo, Keita Papa Demba, asiente con la cabeza, porque él también ha sido víctima de la misma empresa, aunque, por el momento, no ha llevado a los tribunales su causa.

El Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas ha declarado «nulo» el despido de Abú Sylla, por lo que ha fallado que se readmita al trabajador en su puesto o que se le indemnice con 3.353,76 euros. La sentencia, firmada por la titular Yolanda Alvarez del Vayo Alonso, tiene fecha de 2 de febrero de 2006. Sin embargo, aún no ha sido ejecutada.

«No ha cobrado aún ese dinero y por eso acudimos a los medios de comunicación, porque estamos desesperados», interrumpe Momo Conté, guineano afincado en Canarias desde hace más de 20 años y primo de Sylla.

«Los africanos no saben sus derechos y, por eso, les engañan. Les hacen contratos falsos y, cuando se quedan en la calle, descubren que su situación, durante el tiempo que ha durado el contrato, es irregular. Pero claro, de 100 euros pasan a cobrar 1.000, y son muchas las bocas que pueden comer de eso en nuestra tierra», añade.

Para Conté, casado con una canaria con la que ha tenido dos hijos, «la culpa de la inmigración irregular la tiene el Gobierno».

«Los africanos vienen porque tienen hotel con televisión, comen tres veces al día y luego les mandan a la Península. Eso se sabe en mi país y en todos los demás países africanos; por eso, esto no se va a acabar». Así describe Conté el fenómeno de la inmigración irregular que se vive en las islas. El hotel al que se refiere es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existe en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Pero la denuncia de Conté va más allá: «A los consulados les interesa el dinero, ellos son los primeros en engañarnos a nosotros y, si hay ayuda, a nuestros países, esta se queda en el camino, porque al pueblo no le llega nada», recalca Conté.

«La inmigración ilegal no va a acabar; hay hambre, hay guerras, no hay trabajo y aquí nos acogen y podemos luchar por nuestros derechos», subraya antes de despedirse.